2016/11/15

La juez Lamela ordena el encarcelamiento de seis vecinos de Altsasu

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ordenó ayer el encarcelamiento en Soto del Real de seis vecinos de Altsasu que fueron detenidos por la mañana en una operación de la Guardia Civil contra supuestos participantes en la trifulca del pasado 15 de octubre.

Martxelo DÍAZ|IRUÑEA
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La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ordenó a las 22.30 de ayer el ingreso en Soto del Real de seis de los ocho vecinos de Altsasu que fueron detenidos por la mañana acusados de participar en la trifulca con dos guardias civiles el pasado 15 de octubre. La Fiscalía había pedido un par de horas antes su ingreso en prisión de manera incondicional y sin fianza. En concreto, reclamó la encarcelación de los seis varones por considerarlos partícipes en la pelea, mientras que solicitó la puesta en libertad de las dos mujeres, a quienes pidió que se impongan comparecencias periódicas.

Los encarcelados son Jokin Unamuno, Aratz Urrizola, Julen Goikoetxea, Jon Ander Cob, Iñaki Abad y Oihan Arnanz.

El fiscal se amparó en el artículo 573 del nuevo Código Penal para reclamar los seis encarcelamientos. Este artículo amplía las conductas tipificadas como «delito de terrorismo» de tal manera que ha sido criticado por la ONU por tener una interpretación «excesivamente amplia e imprecisa». La petición fiscal puede suponer penas de entre diez y quince años de cárcel «si se causaran lesiones, se amenazara o coaccionara a una persona».

Este mismo artículo fue al que recurrió la propia juez Lamela para reclamar que la causa por estos hechos, que comenzó a tramitarse en Iruñea, fuera trasladada a la Audiencia Nacional española.

Las detenciones las practicó la Guardia Civil y comenzaron hacia las ocho de la mañana. Tres de ellas tuvieron lugar en Altsasu y las cinco restantes en Iruñea, Agurain, Gasteiz, Ordizia y Madrid, donde los vecinos de la localidad de Sakana se encontraban por motivos de estudios. Además, agentes del instituto armado se presentaron también en el domicilio de una novena persona con la intención de proceder a su arresto, pero no la encontraron en la vivienda. Esta persona y otra más se presentaron voluntariamente en dependencias de la Audiencia Nacional ayer por la tarde. Está previsto que a ambos se les tome declaración mañana en la Audiencia Nacional

Tras ser detenidos, los ocho fueron trasladados a Madrid, donde comparecieron ante la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, a partir de las ocho de la tarde.

Protestas

En Altsasu, medio centenar de vecinos participó en una concentración al mediodía para denunciar las detenciones y la criminalización que sufre esta localidad. Por la tarde, se celebró una asamblea popular y una manifestación por las calles de esta localidad de Sakana en la que participaron un millar de vecinos. En Mutriku, hubo otra movilización para denunciar las detenciones que reunió a 35 personas.

Todos los arrestados figuran en el auto que la juez Lamela hizo público el pasado jueves en el que confirmaba que se hacía cargo de la instrucción de causa abierta por los altercados del 15 de octubre y señalan a un total de doce jóvenes como presuntos participantes en la trifulca con los dos agentes de la Guardia Civil y sus novias. Además, los vincula a Ospa Mugimendua, al que atribuye el objetivo de «influir ostensible y negativamente en la calidad de vida de los miembros de la Guardia Civil»

Junto a ello, destaca que la iniciativa “Alde Hemendik”, «que dinamiza Ospa», tiene su origen en grupos como «las ilegalizadas Gestoras Pro-Amnistía, Jarrai, Haika y Segi, persistiendo en la actualidad a través de plataformas populares vinculadas al entorno abertzale radical que convocan actos de protesta y manifestaciones y elaboran carteles o pintadas, contando con el apoyo de Bildu, Sortu y Ernai».

La juez Lamela se hizo cargo de la instrucción de la trifulca de Altsasu al considerar que se enmarca dentro del llamado «delito de terrorismo» y sostiene que se atacó a los agentes de la Guardia Civil debido a su pertenencia al instituto armado.

Esta causa llegó a la Audiencia Nacional tras la denuncia presentada en el tribunal especial por Covite. Inicialmente, fue la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Iruñea, María Paz Benito, que se encontraba de guardia el fin de semana en el que se produjeron los hechos, quien comenzó la instrucción. La investigación correspondió a la Policía Foral, que fue quien practicó las primeras tomas de declaración.

En las mismas, una de las novias de los agentes describe lo ocurrido como una trifulca de bar. Esta declaración se realizó de manera espontánea en el Complejo Hospitalario de Nafarroa (CHN), en Iruñea, cuando ya habían pasado varias horas de los hechos. En el centro hospitalario estaba siendo atendido el teniente del cuartel de Altsasu, que sufrió una fractura de tobillo.

El teniente tenía disposición a declarar ante la Policía Foral, pero recibió órdenes de sus superiores de no hacerlo y de declarar única y exclusivamente ante sus compañeros del instituto armado. Pese a ello, esta declaración, junto a la del sargento y la novia de este, no permite considerar «delito de terrorismo» lo sucedido en el Altsasu, ya que el propio atestado de la Guardia Civil describe lo sucedido como un presunto «delito de odio». Esta calificación dejaría la causa en el Juzgado de Iruñea.

El entonces ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, también calificó lo sucedido en Altsasu de «delito de odio».

En este atestado se recoge el testimonio de la novia del sargento, que declaró que llegó a morder en un brazo a uno de los presuntos agresores, dejando una marca que podría servir para identificarle. Curiosamente, la operación llevada a cabo ayer por la Guardia Civil se denominó «Ausiki», que significa «morder». Los hechos que han provocado estas detenciones comenzaron en el bar «Koxka» y continuaron en el exterior.

Tras la denuncia de Covite, la juez Lamela reclamó para la Audiencia Nacional la instrucción de la causa, insistiendo en la tesis de que encajaba en el tipo de «delito de terrorismo». Por ello, pidió que se le remitieran desde Iruñea todas las diligencias practicadas, al tiempo que encargó a la Guardia Civil un informe sobre «la persecución» que sufre en Nafarroa y, concretamente, en Altsasu.

Inicialmente, la juez Benito mostró su disposición a mantener la causa en Iruñea, pero posteriormente decidió inhibirse a favor de la Audiencia Nacional, dejando vía libre a que la causa se instruyera como «delito de terrorismo».

El informe remitido por la Guardia Civil, en el que además, se identificaba a doce personas como participantes en la trifulca, ha sido la base por la que se llevaran a cabo las detenciones.

Un listado de ocho personas aparecía en el atestado de la Guardia Civil entregado a la juez Benito como participantes en la trifulca basándose en las declaraciones de los guardias y sus compañeras. Tras conocer esta circunstancia, los vecinos de Altsasu comparecieron voluntariamente ante la juez Benito para declarar.

«Linchamiento mediático»

Amaia Izko, abogada de los detenidos, señaló ante los medios antes de entrar a la Audiencia Nacional que «han sufrido un linchamiento mediática para una operación innecesaria y fuera de toda medida». Por ello, mostró su confianza en que Lamela «no lleve al asunto hasta el absurdo más absoluto y acuerde su puesta en libertad».

En este sentido, denunció que se ha registrado un «intento de criminalizar al movimiento Alde Hemendik» y subrayó que «se ha creado un caldo de cultivo a través del linchamiento mediático».

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Altsasu aprobó con las firmas de Geroa Bai, PSN, EH Bildu y Goazen Altsasu, una declaración en la que reclaman que la causa por estos hechos se instruya en Iruñea y no en la Audiencia Nacional.

 

María José Beaumont destaca que los arrestos no eran necesarios

La consejera de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno navarro, María José Beaumont, destacó que las detenciones de Altsasu «no eran necesarias, y mucho menos hacerlas de madrugada», al tiempo que recordó que dos de los arrestados declararon sobre estos hechos tanto ante la Policía Foral como en los Juzgados de Iruñea.

«Suponemos en este sentido que todas las diligencias del Juzgado 3 [de Iruñea] se remitieron a la Audiencia Nacional una vez que decidió la juez que se inhibía y que, por tanto, en la Audiencia Nacional se conocían estas declaraciones», añadió Beaumont.

Desde Madrid, el ministro español de Justicia, Rafael Catalá, en cambio, defendió las detenciones señalando que confía en que la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela cuente con indicios suficientes. A juicio del ministro, con esta operación, «una vez más se pone de manifiesto que las leyes se cumplen, que el Estado de Derecho en España es una realidad cotidiana y que sobre quien incumple actúan los Cuerpos de Seguridad y en última instancia toda la fuerza de la Ley y de los tribunales».

El portavoz de EH Bildu en el Parlamento navarro, Adolfo Araiz, destacó que las detenciones son «absolutamente injustificadas» y calificó de «aberración y despropósito político y jurídico» que se hayan tipificado los hechos como «terrorismo». También recordó que los detenidos acudieron voluntariamente a declarar ante la juez y criticó que los arrestos los haya llevado a cabo la Guardia Civil, ya que agentes de este cuerpo estuvieron implicados en la trifulca del 15 de octubre.

Los portavoces de Geroa Bai (Koldo Martínez), Podemos (Carlos Couso) e I-E (José Miguel Nuin) consideraron desproporcionado calificar los hechos de «terrorismo», tras condenarlos, mientras que Javier Esparza (UPN) arremetió contra Beaumont por valorar negativamente las detenciones y criticó que «este Gobierno se pone al lado de los agresores».GARA

 

Declaraciones

«Una vez más se ha puesto de manifiesto que las leyes se cumplen»

RAFAEL CATALÁ, Ministro español de Justicia

«Se ha creado un caldo de cultivo con el linchamiento mediático»

AMAIA IZKO, Abogada

«Han fabricado un delito de terrorismo contra la desmilitarización»

SORTU

«El lema ‘Alde Hemendik’ toma en el día de hoy una fuerza especial»

ERNAI NAFARROA