Los programas de reinserción están en la base de este fenómeno que ha obligado al Gobierno neerlandés a buscar una nueva función para muchas de sus prisiones. Algunas se han alquilado como cárceles a otros estados, otras se han convertido en hoteles de lujo y varias son ahora centros que acogen a refugiados a su llegada al país.

En los últimos veinte años se han cerrado 19 cárceles y para el próximo año está previsto el cierre de dos más. Los cambios introducidos en el sistema penitenciario holandés en la última década tienen que ver con esta realidad, evidenciada por los datos: si hace tan solo diez años Holanda tenía una de las tasas de encarcelamiento más altas de Europa, ahora presume de tener una de las más bajas, con 57 personas por cada 100.000 habitantes.

Datos oficiales de 2014 ofrecían una fotografía peculiar: una población carcelaria de 9.710 presos frente a 9.914 funcionarios de prisiones. El ministro de Justicia, Ard van der Steur, anunció en su día en el Parlamento que el costo del mantenimiento de las prisiones casi vacías era un gasto prohibitivo para el país. Ahí se abrió la polémica que, en su versión más contestada, fundaba sus recelos en el horizonte incierto que se abría para el colectivo de funcionarios, y que ha sido aprovechado por la oposición para criticar al Gobierno. El parlamentario Nine Kooiman es uno de los que con más fuerza censura las decisiones de clausura de centros de internamiento: «Si el Gobierno realmente trabajara en la captura de criminales, no tendríamos este problema de celdas vacías». Una cuestión en la que incide también Madeleine Van Toorenburg –exdirectora de una cárcel y ahora portavoz de Justicia del partido en la oposición, CDA–, que alega que la escasez de presos se debe a que no se persigue la delincuencia.

La situación trae a la memoria de los más cinéfilos la trama de “Kops” (2005), película con humor disparatado al estilo Monty Phyton, cuya trama transcurría en una pequeña localidad sueca en las que en doce años no se había cometido crimen ni robo alguno. Los únicos intranquilos eran los policías de una comisaría amenazada con el cierre. Algo así ocurre en la actualidad con los funcionarios de prisiones de Holanda, que ven peligrar sus puestos de trabajo ante las sucesivas clausuras de centros penitenciarios en el país. Frans Carbo, representante de los funcionarios de la asociación FNV, dice que sus miembros están «enojados» y «un poco deprimidos». Los jóvenes ya no quieren trabajar en el sector «porque no hay futuro, nunca se sabe cuándo van a cerrar tu prisión». La polémica ha saltado de nuevo a la actualidad ante la decisión del Ejecutivo belga de no renovar el convenio por el que súbditos suyos cumplen condena en tierras holandesas, lo que supone el paro laboral para 400 empleados de la prisión de Tilbug.

Se alquila prisión a 25€/m2

En su día, ante el progresivo vaciamiento de los centros de cumplimiento de penas, el Ministerio de Justicia holandés optó por colgar el cartel de «se alquila» a sus prisiones. Bélgica fue uno de los primeros estados que se interesó por la posibilidad y tan solo en 2015 envió 500 presos a Holanda. Y es que aquel país lidera, tras Suecia, el ranking de criminalidad europeo. Por cada 1.000 habitantes se cometen 96,8 infracciones penales en Bélgica, una tasa muy superior a la media europea que se sitúa en un 61,3. Suecia, que encabeza la lista, alcanza el 147,9.

En la actualidad, el presupuesto anual destinado por Bélgica a mantener a sus presos en el extranjero asciende a 42 millones de euros. Hasta el momento, Tilbug y Groningen son dos penales que acogen a condenados belgas.

Hace ya dos años que Holanda llegó a acuerdos de alquiler con Bélgica y Noruega, en contratos con duración de tres años y renovables cada ejercicio. Cada estado aplica sus propias normas en cada prisión, siempre que mantengan a los trabajadores holandeses en plantilla. Holanda acumula así ingresos, con una tarifa de 25 euros por metro cuadrado carcelario.

Régimen noruego, cárcel holandesa

Noruega se sumó al plan después de Bélgica. Le supone a sus arcas 25 millones de euros anuales por una controvertida solución que da alternativa a los centros penitenciarios noruegos, con tasas de superpoblación tan altas que, para evitar el hacinamiento, las personas condenadas por delitos sin especial gravedad deben esperar a ser llamadas para empezar a cumplir la condena.

Pese a resistencias internas y las críticas fundadas de los familiares de los presos ante la lejanía impuesta –hay dos horas de avión desde Oslo hasta la prisión destino de Norgerhaven–, los noruegos no solo han alquilado la infraestructura sino que también gestionan directamente el centro.

Situada en Veenhuizen, un pueblo remoto al norte de Holanda, tanto la dirección de Norgerhaven como la normativa interna que rige es noruega. Tan solo el personal es holandés y el idioma común es el inglés. Hasta allí llegaron los primeros condenados a finales del pasado año, hasta llegar al cupo acordado de 242 reclusos.

El director del centro, Karl Hillesland, en declaraciones a la cadena de televisión RTV Drenthe aseguraba que incluso hay una «pequeña lista de espera», debido al éxito que la iniciativa ha tenido entre los presos del país nórdico. En Norgerhaven, los condenados pueden plantar verduras en el jardín, criar pollos, cocinar y disfrutar del entorno ajardinado. De los 112 prisioneros trasladados en una primera fase, 79 eran voluntarios. Respecto a su país de origen, en esta cárcel de Holanda los internos disponen de más tiempo para estar al aire libre y menos horas de trabajo obligatorio. También se dan facilidades para hablar con sus familias por teléfono y a través de Skype.

Hoteles de lujo

Otras prisiones holandesas han sido totalmente reinventadas y albergan usos diferentes. El centro de máxima seguridad Het Arresthuis, en Roermond, cerca de la frontera alemana, se ha reconvertido en un hotel de lujo. Tras más de un siglo y medio de historia como una de las cárceles más temidas, la prisión Het Arresthuis cerró en 2007 por falta de inquilinos y hoy es un lujoso hotel de 40 habitaciones a 200 euros la noche. Ubicada al sur de Amsterdam, mantiene la estructura de la antigua prisión y sus cuatro suites más caras recuerdan su pasado. Son "El abogado", "El juez", "El gobernador" y "El carcelero". El patio donde los prisioneros eran obligados a realizar trabajos forzosos es ahora un café al aire libre, con cómodos sofás y una terraza rodeada de olivos.

Residencias para refugiados

Otro uso es el que se ha dado a las deshabitadas prisiones de las ciudades de Harlem y Arnhem, que cumplen ahora la función de residencia para los refugiados sirios e iraquíes. El pasado año se acondicionaron y se instalaron los servicios para darles acogida. En estas dos ciudades las cárceles son edificios catalogados con valor histórico, lo que significa que no pueden ser demolidos ni pueden modificarse sus características arquitectónicas.

Desde 2015, los Países Bajos han recibido a 60.000 mil refugiados. Nada más llegar al país y antes de posibilitarles otros destinos, durante seis meses se les facilita alojamiento en uno de estos centros. Desde estas cárceles recicladas, los refugiados –sirios, afganos y kurdos, en su mayoría–, se mueven libremente por la ciudad, disponen de bicicletas, entablan relaciones y empiezan a aprender el idioma. Las celdas se han reconvertido en habitaciones, mientras que las cocinas, los gimnasios y las lavanderías siguen usándose de forma idéntica a como se usaban antes, cuando era una prisión.

 

Una política penitenciaria diferente

No hay que viajar mucho en el tiempo para encontrar los porqués de un cambio que ha modificado el mapa de las cárceles en Holanda. En los años 70, el índice de delitos aumentó notablemente y en la década que va desde 1985 a 1996 se dobló el número de celdas, y todavía resultaba insuficiente.

Un cambio en el Código Penal introducido en 1989 y auspiciado por el debate social entre la desproporción entre delitos y penas fue el responsable. Según el nuevo articulado, el juez podía imponer como sanción un número de horas de trabajo en servicio de la comunidad, que sustituía así a la pena de prisión.

Las nuevas sanciones no se pusieron en práctica hasta 1997. En esos primeros momentos, el número de encarcelados con penas de más de seis meses bajó de 23.500 a 18.000.

Los defensores del nuevo sistema argumentaban que los trabajos a favor de la sociedad favorecerían la reinserción del trasgresor, no se le estigmatizaba como «criminal» por la pérdida de libertad y, en el caso de los jóvenes, se involucraba a los progenitores en el seguimiento de su evolución. Las estadísticas posteriores demostraron que el porcentaje de reincidentes entre quienes habían sido condenados a trabajos sociales era un 20% inferior al de los que habían permanecido en prisión. El uso y la extensión de los sistemas de vigilancia electrónica es otro de los factores que han vaciado las prisiones y desde las estructuras estatales se defiende que es el desarrollo de una política carcelaria en la que la rehabilitación no es solo un discurso lo que ha llevado a las cifras actuales.

De esta forma lo argumentaba Jan Roelof van der Spoel, vicegobernador de la prisión de Norgerhaven en una entrevista en la BBC: «En el servicio holandés nos fijamos en la persona. Si alguien tiene un problema de drogas, tratamos su adicción. Si son agresivos, proporcionamos terapia para controlar la ira. Si tienen problemas de dinero, les damos asesoramiento para manejar la deuda. Tratamos de eliminar lo que les llevó a delinquir. El recluso debe estar dispuesto a cambiar, pero nuestro método ha sido muy eficaz».

Dentro del recinto penitenciario las estrategias de rehabilitación son múltiples. Los espacios abiertos y las zonas verdes, las actividades y la autonomía personal forman parte de ellas. El argumento económico es otro de los factores esgrimidos por los defensores de este sistema. Una persona castigada a trabajos sociales sigue con su empleo y realiza las tareas encomendadas en su tiempo libre, por lo que su trabajo genera algún bien a la sociedad, mientras que una persona en prisión –indican sus defensores– cuesta a las arcas holandesas 100.000 euros por año.M.A