Ayer quedó visto para sentencia en el Juzgado de lo Penal nº 3 de Bilbo el proceso contra Alexis Rodríguez y David González, extrabajadores de Talleres Mecanizados Arakistain (TMA) de Etxebarria, para los que la Fiscalía solicitó 2 años y 3 meses de cárcel por coacciones mientras la acusación particular, que ejerce el empresario Rafael Zabala Fernández, reclamó 5 años y 4 meses de prisión por los presuntos delitos de amenazas, coacciones e injurias, y además demandó 67.000 euros por daños sicológicos. La defensa pidió la libre absolución atendiendo a que Rodríguez y González tan solo se valieron del derecho a la libertad de expresión y sindical en defensa de sus puestos de trabajo y para recuperar los salarios que se les adeudaban.

En la vista oral, que se prolongó por espacio de algo más de cinco horas y no fue pública, ambos extrabajadores de TMA relataron la lucha que iniciaron en defensa de sus empleos. A finales de 2013, tras una huelga de ocho meses, cerraron la empresa y la plantilla se movilizó por sus derechos. La respuesta de Zabala Fernández fue denunciar a Rodríguez, delegado de LAB, y a González.

El caso se archivó en primera instancia, pero la Audiencia vizcaina estimó un recurso y el proceso ha continuado hasta el juicio de ayer. Sobre ambos extrabajadores de TMA ha pesado una orden de alejamiento de Durango y Mañaria, habiendo tenido que afrontar una fianza cada uno de 9.000 euros.

La mayoría de las personas que testificaron a petición de las acusaciones se limitaron a constatar las movilizaciones que durante varios meses protagonizó la plantilla de la empresa, asentada en Etxebarria, tanto en Durango como en Mañaria, localidad donde tenía su domicilio el dueño de TMA. Tan solo dos testigos, Patxi Arakistain –el empresario que vendió TMA al denunciante– y el propio acusador citaron acciones concretas de los acusados, aunque la única prueba fueron sus propios palabras. Citaron, por ejemplo, concentraciones ante su hogar en Mañaria y la farmacia de la esposa de Zabala Fernández en Durango, acciones que fueron públicas y legales. La acusación particular, por cierto, renunció a que testificaran varios agentes de la Ertzaintza.

Los extrabajadores insistieron en que se trató de movilizaciones con las que persiguieron dar a conocer su situación, cuando tenían cinco pagas y media sin cobrar y un futuro incierto. Además, remarcaron que fueron iniciativas con las que buscaron que se atendieron sus reclamaciones y no causar daño al empresario ni a su entorno.

Etxaide estima que se busca «recortar las libertades sindicales»

Un centenar de personas participó ayer a la mañana en una concentración ante el Palacio de Justicia de Bilbo para exigir la absolución de Alexis Rodríguez y David González, así como para denunciar la criminalización de luchas como la de los trabajadores de TMA. La secretaria general de LAB, que les arropó, recordó que lo único que hicieron «fue defender su empleo cuando a los empresarios se les dio la posibilidad de, sin ningún tipo de límite ni de coste, liquidar empleo» y que el juicio persigue «recortar las libertades sindicales».

Ainhoa Etxaide dijo que se pretende «disciplinar con condenas que sean un ejemplo para aquellos trabajadores que, entendiendo que la precariedad es un sistema de dominación, estén, aún y todo, dispuestos a dar un paso». Denunció que les «han dejado sin instrumentos para actuar en el mercado laboral y para defender nuestros derechos». Por ello, animó «a la organización, la solidaridad y la acción sindical».

La secretaria general de LAB subrayó que lo que piden a las instituciones es que se pongan «de una vez a favor de los trabajadores y las trabajadoras, a favor de los derechos sociales y laborales; a favor de los más desprotegidos, de quienes en estos momentos las leyes y los poderes institucionales del Estado han dejado tirados y no han dado más opción que defenderlos mediante lo que podemos y debemos hacer de forma colectiva y mediante la acción sindical, defender nuestros derechos laborales». A.G.