Colombia ha dado el primer paso para refrendar el acuerdo de paz firmado la semana pasada por el Gobierno y las FARC, con la aprobación en el Senado del pacto que busca acabar con más de medio siglo de conflicto armado. El texto, renegociado para incluir propuestas de la oposición después de que el pacto original fuera rechazado en un plebiscito el 2 de octubre, pasó a debate ayer en la Cámara de Representantes, que también debía validarlo.

Leída minutos antes por el senador del Partido Liberal Horacio Serpa, la proposición asegura que el Senado «adopta la decisión política de refrendar el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, suscrito por el Gobierno nacional y las FARC el día 24 de noviembre»

Tras 13 horas de discusiones, el resultado de la votación –75 votos a favor y ninguno en contra– fue recibido con aplausos por los presentes, todos partidarios al texto, ya que los congresistas del derechista Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, se habían retirado momentos antes asegurando que el Congreso «no puede suplantar» la decisión que tomaron en las urnas los colombianos.

Para evitar un nuevo revés y, sobre todo, para acelerar la implementación de lo pactado, las partes optaron por recurrir al Congreso para refrendarlo.

En el debate del Senado, el jefe negociador del Ejecutivo colombiano, Humberto de la Calle, dijo que sería «un error desaprovechar la oportunidad de refrendar este acuerdo y de implementarlo rápidamente».

El alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, quien junto a De la Calle encabezó el equipo del Gobierno en las negociaciones que se desarrollaron en Cuba durante cuatro años, explicó que la incertidumbre en torno al acuerdo «ha exacerbado las tensiones en los territorios», donde en las últimas semanas se han producido muertes y atentados contra varios líderes sociales. Además, dos guerrilleros de las FARC fueron abatidos en combates con el Ejército, a pesar del cese al fuego que las partes mantienen desde fines de agosto. La maratoniana sesión contó con decenas de invitados, con representantes del Gobierno y víctimas de la violencia, con argumentos a favor y en contra, y a los que se sumaron las intervenciones de 70 de los 102 senadores. Quienes abogaron por aprobar el acuerdo destacaron los cambios introducidos para incluir propuestas de la oposición.

Sin embargo, Uribe insistió en rechazarlo así como en el hecho de que su refrendo se esté dando en el Congreso y no en una nueva a consulta. El expresidente calificó como «una presión indebida en contra del ordenamiento jurídico» la premura del Gobierno por aprobar el acuerdo.

Posturas encontradas retrasan la mesa con el ELN

El jefe negociador del Gobierno con el ELN, Juan Camilo Restrepo, respondió a esta guerrilla que solo serán indultados aquellos presos que «cumplan los requisitos establecidos en la Constitución y en la ley, por lo que rechazar el indulto de las personas comprometidas con el secuestro o homicidio no es incumplir los acuerdos, es acatar el ordenamiento jurídico».

El ELN exige a cambio de la liberación del excongresista Odín Sánchez que se indulte a dos presos de la guerrilla. En una entrevista con la agencia Colombia Informa, el jefe negociador del ELN, Pablo Beltrán, afirmó que «el obstáculo que persiste es de orden jurídico» y que el retraso en los indultos se debe a diferentes criterios sobre cuáles son «los delitos políticos conexos al delito de rebelión, que son objeto de indulto». «El pasado día 25, el ELN propuso considerar como conexos al delito de rebelión: causar la muerte en combate a combatientes contrarios y tomar prisioneros como resultado del combate. Propuesta que el Gobierno no admite, porque supuestamente sus leyes excluyen estas dos acciones de la esfera de los delitos políticos conexos a la rebelión. Una vez se acuerde cuáles son los delitos indultables, se procedería a acordar las fechas de instalación e inicio de la fase pública de conversaciones», añadió.GARA