La esperada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) llegó ayer por fin para dar un espaldarazo a los miles de afectados por las cláusulas suelo. Se disipan así las dudas y temores existentes después de que en julio el abogado general de UE, Paolo Mengozzi, se pronunciara a favor de la decisión del Tribunal Supremo español que, aunque dictó que las cláusulas suelo eran abusivas y las declaró nulas, determinó que los usuarios solo podrían recuperar los intereses abonados indebidamente desde la fecha de su sentencia –emitida el 9 de mayo de 2013– y no desde que suscribieron el contrato.

La opinión del abogado general no es vinculante para el Tribunal europeo, aunque su criterio suele coincidir con el de la sentencia. Esta vez, en cambio, ha fallado en contra de la interpretación del abogado. El TJUE considera que limitar en el tiempo las devoluciones por la nulidad de las cláusulas hace que la protección de los consumidores sea «incompleta e insuficiente», por lo que «no constituye un método adecuado y eficaz para que cese el uso de cláusulas abusivas».

Los jueces subrayan que la nulidad de la disposición abusiva debe conllevar que se restablezca la situación en la que estaría el consumidor de no haber existido esa cláusula y, por tanto, implica la devolución de las ventajas obtenidas por las entidades en detrimento de los usuarios.

A modo de recordatorio, las cláusulas suelo se aplican a las hipotecas con interés variable, que son aquellas a las que se añade una tasa diferencial sobre un índice de referencia, como por ejemplo el Euríbor. Cuando ese tipo de interés va a bajar de un determinado nivel, la cláusula suelo lo impide.

4.000 millones a devolver

A falta de cifras exactas, según diferentes cálculos unos dos millones de personas pagaron entre 3.000 y 6.000 euros de más en intereses por estas disposiciones recogidas en el 30%-40% de las hipotecas. Devolver estas cantidades le costará al sector financiero algo más de 4.000 millones de euros, según el Banco de España.

Pocos fueron los bancos que se pronunciaron tras conocerse la sentencia. El BBVA, el más afectado, anunció que dotará 404 millones para ello. Laboral Kutxa por su parte ha estimado en 9,9 millones de euros el impacto de la sentencia y apunta a que la parte de la cartera de préstamos hipotecarios con suelo en la entidad supone tan solo el 1,5% del total. La entidad defendió que «no existe, a día de hoy», una declaración de nulidad general que afecte a las cláusulas de la entidad ya que, según explicó, la sentencia dictada del Juzgado de lo Mercantil de Madrid en el marco de la acción colectiva sobre cláusulas suelo contra el conjunto de entidades del sector está recurrida y pendiente de resolución.

Hasta ahora, la tendencia entre instituciones ha sido la de defender al sistema bancario. De hecho, el pretexto de la repercusión que pudiese tener esta devolución masiva marcó las decisiones del TS y del abogado general de la UE. La Comisión Europea valoró ayer que la corte busque garantizar la protección de los consumidores, pero avisó de que «seguirá de cerca» lo que ocurra en el sector bancario.

Alivio para los consumidores

El alivio y la esperanza de poder recuperar el dinero perdido a través de esta cláusula abusiva fueron la tónica general entre los consumidores afectados tras conocer ayer la sentencia. Solo en la CAV, Adicae (asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España) estima que serían unas 80.000 personas las afectadas por el fallo judicial.

La asociación advirtió también de que la sentencia, por sí sola, no obliga a los bancos a ejecutar las devoluciones de oficio, sino que tendrán que ser los afectados los que reclamen la devolución correspondiente a las entidades bancarias. Recomienda a los afectados que ejerciten su derecho de reclamación de forma colectiva, al ser la fórmula que estima más conveniente para sus intereses.

Por su parte, la asociación de Consumidores EKA-OCUV señaló que en los últimos años los bancos han intentado que los afectados firmen acuerdos en los que se les elimina la cláusula suelo a cambio de su renuncia a reclamar las cantidades «abonadas de más» e indicó que siempre han recomendado esperar a conocer el fallo del TJUE «antes de firmar nada».

La duda ahora radica en saber qué ocurrirá con quienes han firmado ya un acuerdo o han reclamado en base a la sentencia del Supremo que aplicaba la retroactividad.

 

El fin de un abuso tolerado por las autoridades políticas y avalado por la justicia española

Las cláusulas suelo son un producto de la crisis económica, que las entidades financieras vieron venir bastante antes que la clase política española. Ante la previsión de que índices como el Euríbor (al que van ligadas la mayoría de hipotecas de tipo variable) cayesen en picado, numerosas entidades financieras empezaron a incluir en sus contratos hipotecarios cláusulas suelo para garantizar el cobro de los intereses pese al descenso de dichos índices. El desarrollo de los acontecimientos ha dado la razón a las previsiones económicas de los bancos, ya que el Euríbor no ha parado de bajar en los últimos ocho años, hasta cotizar en 2016 en números negativos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), sin embargo, quitó ayer definitivamente la razón a las entidades financieras en cuanto a la fórmula empleada para contrarrestar ese descenso del Euríbor, ya que las cláusulas suelo se aplicaron de forma opaca, sin informar debidamente a los clientes afectados.

La sentencia de ayer llega tras un largo periplo judicial que arrancó en juzgados de todo el Estado cuando, tras estallar la burbuja inmobiliaria, numerosos afectados descubrieron la existencia de clausulas suelo en sus contratos hipotecarios.

Los casos de BBVA –la entidad que mayor provecho sacó de esta disposición abusiva–, Cajamar y Novacaixagalicia llegaron el 9 de mayo de 2013 al Tribunal Supremo español, que consideró ilegales las cláusulas aplicadas y obligó a las tres entidades financieras a retirar este concepto de sus contratos hipotecarios. Pero el Supremo no solo dejaba en el limbo la recuperación del dinero indebidamente cobrado por la banca durante un lustro, sino que recomendó no devolver todo el dinero a los clientes, debido al perjuicio que se podría ocasionar a la economía.

Las denuncias y las demandas para recuperar el dinero, sin embargo, siguieron llegando, por lo que el 25 de marzo de 2015 el Supremo volvió a revisar su sentencia para sentar doctrina. Lo hizo estableciendo que los afectados tenían derecho a recuperar el dinero cobrado por bancos y cajas a través de las cláusulas suelo después del 9 de mayo de 2013. La misma sentencia, sin embargo, cerró la puerta a recuperar el dinero cobrado por las entidades financieras antes de la primera sentencia del Supremo.

La doctrina no solo fue calificada de aberración jurídica por abogados, plataformas de afectados y asociaciones de consumidores. También generó numerosas dudas en varios jueces, que decidieron llevar el caso al TJUE. Aunque más breve, el periplo del caso en Europa también ha tenido sus vaivenes. Respondiendo a la pregunta trasladada por el tribunal europeo, la Comisión Europea –el ejecutivo comunitario– pidió el 26 de octubre de 2015 que las entidades devolviesen el importe íntegro cobrado a través de las clausulas suelo. Meses más tarde, el abogado general de la UE, Paolo Mengozzi, contradijo a la Comisión y se posicionó al lado de la banca, avalando la doctrina del Supremo español. Las recomendaciones de la abogacía general comunitaria suelen ser asumidas en cerca de tres cuartas partes de los casos del TJUE. Algo que, sin embargo, no ocurrió ayer, cuando los magistrados europeos decidieron dar la razón a los miles de ciudadanos perjudicados por las abusivas cláusulas de la banca.GARA