Con base en documentos públicos y oficiales, GuraSOS ha realizado una auditoría preliminar sobre la viabilidad legal y económico-financiera del proyecto de la incineradora, y ha asegurado que «es absolutamente inviable» y que «no se va a materializar». En una comparecencia ofrecida ayer en Donostia, el portavoz Joseba Belaustegi y el presidente Joxe María Izeta, desgranaron los detalles de su «análisis de urgencia» derivados de la situación creada el pasado 27 de diciembre, cuando se firmó la licitación de la obras.

En primer lugar, desvelaron que aquel día «no se produjo», como se hizo creer, la adjudicación a la UTE formada por Urbaser, Altuna y Uria, Moyua y Murias por parte de GHK, sino que se cumplió un trámite previo llamado «propuesta de clasificación de orden decreciente de ofertas de licitadores». Según informaron, la propia asociación se personó en la sede de GHK el lunes y «pudo comprobar» que no se emitió el decreto de adjudicación.

En opinión de GuraSOS, se hizo así porque el pasado 1 de enero entró en vigor una normativa en base a la cual «el endeudamiento a largo plazo de los consorcios adscritos a la Diputación necesitan la autorización del entre foral», y ese es, precisamente, el caso de GHK y el de este contrato. Por ello, confirmaron que hoy solicitarán a la institución foral que requiera a GHK que suspenda la tramitación de la licitación, que preven se produzca en «próximas fechas», una vez que la UTE presente toda la documentación requerida, como un aval bancario de 10 millones de euros, entre otros.

Beneficios del adjudicatario

En base a la información recabada, GuraSOS ha concluido que el contrato «no corresponde al modelo de concesión», porque exonera al contratista del riesgo operacional, «resultando escandalosamente gravoso para las arcas públicas». En consecuencia, advirtieron, se consolidará la deuda a la Diputación. Según los datos aportados ayer por Izeta, el beneficio al adjudicatario por incinerar residuos es del 26%, y del 10,87% aunque la planta de Zubieta no entre en funcionamiento; le bastará con haberla construido.

También denunciaron que se desconoce el coste exacto del contrato y que hasta dentro de siete meses no se sabrán los gastos de financiación. «No cumple con los principios esenciales de eficiencia y sostenibilidad en el gasto público y eficacia en la asignación de recursos públicos», afirmaron.

Por último, acusaron a la Administración de haber «incumplido» el deber de evaluar el anterior PIGRUG así como tramitar y aprobar el nuevo, aún pendiente. Aseguraron que desde el PSE y el PNV les han pedido «confianza», pero agregaron que eso es, precisamente, lo que ha perdido la ciudadanía.

Le corresponde al Juzgado nº 3 de Donostia resolver la suspensión

En el transcurso de la rueda de prensa GuraSOS recibió la llamada de la procuradora para notificarle que el TSJPV, a través de un auto, se dirige al Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº3 de Donostia para advertirle de que le corresponde a él resolver sobre la petición de suspensión cautelar de la adjudicación de la planta.

Respecto a la autorización ambiental y el proceso participativo, el TSJPV aún no se ha pronunciado. O.L.