La Asamblea de GHK aprobó el pasado 27 de diciembre –con un 83% de los votos– lo que ha resultado ser el trámite previo a la adjudicación de las obras de la incineradora de Zubieta. Casi de forma simultánea, el diputado general del territorio, Markel Olano, y el diputado de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio, presentaban ante los medios el «complejo medioambiental de Gipuzkoa». Las palabras son textuales.

Con cientos de personas protestando en el exterior del palacio foral y con varios recursos pendientes de resolución en los juzgados, al titular de Medio Ambiente se le preguntó si no convendría aguardar a lo que determinara la Justicia. «Gipuzkoa no puede esperar», respondió. Apenas una semana después, son la Diputación, GHK y la UTE liderada por Urbaser quienes tendrán que esperar, después de que ayer el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Donostia emitiera un auto en el que ordena al Ejecutivo de Olano que se «abstenga» de adjudicar la construcción de la planta.

El titular de ese juzgado impone esta medida cautelar hasta que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) resuelva el recurso de apelación interpuesto por GuraSOS en agosto de 2016 contra el Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos (PIGRUG) de Gipuzkoa, con el fin de que se paralice y se propicie la participación y con en el que pedía la suspensión cautelar de la adjudicación.

La ciudadanía y su voz, es ahí donde Joseba Belaustegi, miembro de la asociación, puso ayer el foco. En una valoración de urgencia realizada a las puertas de los juzgados de la capital, y rodeado de unas doscientas personas, corroboró con la sentencia en la mano que «no hay nada por encima del ciudadano y sus derechos, ni un poder ni una autoridad, eso es lo que ha dicho el juzgado».

«Parar» para ponerse a «hablar», ese es el orden lícito y el que no se había respetado, según GuraSOS.

Precisamente, en el auto se señala que «la Administración no puede ejecutar sus actos mientras que el Tribunal (…) no se pronuncie» porque, en caso contrario, «estaría impidiendo dicha fiscalización judicial, lesionando el derecho a la tutela judicial efectiva.

La mano tendida

GuraSOS se reafirmó en su hoja de ruta. «Europa, Europa y Europa. Sus directrices son nuestra línea a seguir», adelantó. En su opinión, la solución «solo puede venir de un proceso de diálogo y acuerdo que deje atrás el escenario de confrontación política que hemos conocido en los últimos años». Volvieron a tender la mano a la Diputación y desearon que deje de ser un tema enquistado. «Este palacio no es el lugar para arreglar los problemas sociales. A partir de ahora las reuniones no han de ser en tribunales, sino en la plaza Gipuzkoa», en alusión al palacio foral.

Desde allí, y en forma de nota de prensa, el Gobierno de Olano consideró que el auto «no cuestiona ninguna de las actuaciones» que GHK ha realizado. «Sin prejuzgar el sentido de futuras resoluciones judiciales, desde el Departamento de Medio Ambiente no se aprecia un cambio en la situación», y añadía que el juez «inadmite por segunda vez la solicitud de medidas cautelares realizada por parte de GuraSOS». Por último, pedía esperar al resultado del recurso de apelación ante el TSJPV.

Kontratuaren etetea legea betez egin zela dio EH Bilduk

«GHKko eta Gipuzkoako Foru Aldundiko agintariek legitimitate demokratiko osoarekin eta legea %100 betez jokatu zuten: kudeaketa zuzena eta gardena egin zuten, gipuzkoarren osasunaren eta interes publikoaren defentsan eta herritarren borondatea errespetatuz». Horrela erantzun zion EH Bilduk, prentsa ohar baten bidez, erraustegiaren kontratua eteten zuen akordioa indargabetzen duen Donostiako epaitegiaren epaiari.

«GHKk erraustegia eraikitzeko kontratua bertan behera uztea erabaki zuen 2013an, azpiegitura kaltegarria zelako gipuzkoarrentzat eta proiektua handiegia zelako, frogatuta geratu den bezala. Izan ere, 260.000 tonarako planta bat eraiki nahi zuten, erretzeko 160.000 tona errefus besterik ez daudenean. GHKk eta enpresek sinatu zuten kontratua eta bi aldeen adostasunaz apurtu zen», gogoratu zuen EH Bilduk, Donostiako epaitegiak «oinarrizko eztabaida ez duela aintzat hartu eta kontratua bertan behera uzteko arrazoiak eta argudioak ez dituela aztertu» salatuta. GARA