Dañar a una mujer a través de sus hijos es una de las manifestaciones más viles y perversas del patriarcado. Si esa mujer se encuentra en prisión, su hija no tiene ni tres años y durante un permiso el padre la apuñala abandonándola al borde de la muerte, la indefensión y la impotencia adquieren grados inmensos y esa acción adquiere un carácter terrorífico. Así ha sucedido en el caso de la presa vasca Sara Majarenas y su hija, Izar. Afortunadamente, el agresor erró y la niña sigue en estos momentos peleando por su vida en un hospital en Valencia, donde madre e hija estaban dispersadas. En estos momentos críticos, ellas y su familia merecen la solidaridad de la sociedad vasca y la diligencia de sus instituciones.

Requieren de una gestión urgente para su liberación por parte de los responsables políticos vascos. Toda la diplomacia institucional que se haga en este sentido y toda la presión social que se acumule impedirán que se agrave más esta situación. Independientemente de estos hechos, Majarenas cumple todos los requisitos que la ley impone para acceder a su libertad. En marzo Izar cumplirá tres años e iba a ser apartada de su madre. De obligarle a cumplir íntegra su condena, Majarenas pasaría alrededor de otro año extra en prisión, alejada de su hija y su familia. Estos son los escenarios que se denunciaron el sábado en Bilbo, los que hay que evitar a toda costa. De lo contrario, el sadismo y la venganza de la política penitenciaria española adquiriría una nueva cota de crueldad e injusticia.

Porque, en justicia, Sara Majarenas y el resto de presas y presos que están en su situación deberían estar en Euskal Herria y libres, incluso según las leyes españolas. Porque, en todo caso, en este momento lo prioritario son los derechos y las necesidades de su hija, dado que ambas han sido víctimas de una agresión machista. Y porque no es normal que un Estado sea tan despiadado, necio e indecente como para no entender y gestionar humanamente un caso así.