Más de la mitad de los economistas de la CAV (un 57%) considera viable el establecimiento de un sistema de pensiones gestionado por la Administración autonómica, según se recoge en el Ekonometro, la encuesta que realiza semestralmente el Colegio Vasco de Economistas.

Además de las cuestiones habituales sobre la coyuntura y la evolución económica, en cada sondeo se incluye un tema de actualidad. En el Ekonometro correspondiente al segundo semestre de 2016 esa cuestión específica ha sido la del futuro de las pensiones. La encuesta fue realizada entre el 29 de noviembre y el 20 de diciembre, y en ella participaron un total de 506 economistas, un 10% de los 5.000 colegiados. Los resultados fueron presentados ayer en Bilbao por el responsable del sondeo, Joseba Barandiaran, y por la doctora Mercedes Vallejo, en representación de la UPV-EHU, institución que colabora en la elaboración de este documento.

Según recogió la agencia Efe, Barandiaran explicó que los economistas consultados mantienen el consenso de que el sistema de pensiones del Estado español tal y como está ahora diseñado no es viable, más en una situación demográfica en la que la población cada vez está más envejecida. Precisamente, por eso se les preguntó qué habría que hacer para garantizar la financiación en el futuro.

Financiación

Las respuestas más destacadas han sido la reforma del mercado laboral y la reforma global del sistema de pensiones, sin especificar más detalles de en qué sentido tendrían que ir esas reformas. Sí hay apoyo a una medida concreta: eliminar el tipo máximo de cotización a la Seguridad Social (el 65% de los encuestados se posicionó a favor). Aunque por escasa diferencia, otras dos soluciones tienen más partidarios que detractores: la financiación de las pensiones mediante la creación de un impuesto específico o introducir una cotización para los robots.

Por contra, los economistas rechazan otras soluciones como la financiación a través del incremento de los impuestos existentes, retrasar el acceso a la jubilación o la reducción de la cuantía de las pensiones.

Entre las medidas que apoyarían para conseguir la sostenibilidad, el 51% está a favor de la transferencia del sistema de pensiones a la CAV.

El porcentaje de los que consideran este sistema vasco viable sube al 57%, aunque con matices generacionales: los menores de 30 años lo ven factible en un 90% y los mayores de 60 años son más recelosos, ya que solo lo ve así un 37%. Las mujeres confían más en un escenario vasco (62,2%) que los hombres (54,5%). Y son más partidarios de la transferencia los guipuzcoanos (66%) que los vizcainos (56%) y los alaveses (48%).

Coyuntura general

En cuanto a la situación general en la CAV, los economistas encuestados son optimistas, ya que la mitad cree que mejorará este año, mientras que solo un 9% estima que empeorará. Entre los factores que más afectan a la competitividad vasca, los economistas citan la investigación y desarrollo (I+D+i), la formación, los costes salariales y el precio de la energía. El acceso a la financiación ya no está entre los asuntos que más preocupan.

Por otro lado, el 90% de los encuestados opina que la participación de multinacionales en empresas vascas es beneficiosa para el crecimiento y la expansión a nuevos mercados y para el desarrollo tecnológico.

 

La negociación de la reforma continúa abierta en Madrid

De momento, el futuro del sistema de pensiones del Estado español continúa diseñándose en Madrid entre agentes políticos y sociales de ámbito estatal. El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, se reunió este lunes con representantes de CCOO, UGT, CEOE y Cepyme para seguir avanzando en la negociación de la reforma.

La anterior reunión tuvo lugar el 16 de enero y los sindicatos salieron de ella reclamando al Gobierno de Mariano Rajoy más «ambición» en la negociación y más «concreción» en las medidas planteadas. Entre ellas, se halla el destope de las bases de cotización, que según el Ejecutivo podría suponer ingresos de 6.500 millones de euros y según los sindicatos de más de 7.000, y dejar de subvencionar, vía Seguridad Social, los 3.000 millones que se gastan anualmente en bonificaciones a la contratación, que pasarían a financiarse desde los Presupuestos Generales del Estado. GARA