No son pocos en Israel los que ven con recelo la Ley de Regularización de colonias judías aprobada en la noche del lunes, que algunos consideran un modo de «legalizar el robo» y una afrenta al Estado de Derecho que temen traiga represalias internacionales. La nueva ley israelí a favor de los colonos, denunciada como «crimen de guerra» por sus detractores, provoca indignación entre los palestinos, mientras el Gobierno de EEUU todavía no se ha pronunciado.

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abas, dijo en París que la nueva ley es una «agresión contra nuestro pueblo». «Espero que Israel y su gobierno reconsideren este texto y den marcha atrás», declaró el presidente Hollande, en una rueda de prensa conjunta.

Poco después de la adopción de la ley, los palestinos pidieron a la comunidad internacional que sancione a Israel. Los defensores de los derechos humanos y de la causa palestina han anunciado además que apelarán al Tribunal Supremo israelí para hacer anular el texto.

Por su parte, el líder laborista israelí Isaac Herzog advirtió de que la ley podría llevar a algunos israelíes a ser inculpados por la Corte Penal Internacional.

La falta de reacción de EEUU contrasta con las críticas a la colonización que había emitido la Administración de Obama. El Gobierno de Trump «necesita consultar a todas las partes sobre cómo avanzar», dijo un responsable del Departamento de Estado, una posición que confirma la falta de posición hasta ahora del nuevo presidente.

Adoptada por 60 votos a favor y 52 en contra, la ley autoriza a declarar como israelíes terrenos privados palestinos de Cisjordania donde los colonos construyeron sin permiso de Tel Aviv.