Desde la investidura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, numerosas ciudades del país son escenario de manifestaciones que no parece que vayan a terminar. «Es la primera vez que voy a ayudar a la gente», afirma Mark Hanna, joven abogada neoyorkina movilizada contra el decreto antiinmigración y una de las personas que ha descubierto la militancia política con Trump.

EEUU no conocía una movilización similar desde las manifestaciones contra la guerra de Irak en 2003, según Fabio Rojas, profesor de sociología de la Universidad de Indiana, que cree que hay muchas posibilidades de que continúen ante las recientes decisiones y declaraciones contra los musulmanes, las mujeres, los homosexuales o los extranjeros.

Rojas subraya que, además, Trump no hace nada por calmar los ánimos en un país más dividido que nunca. Al contrario, agita la hostilidad con sus ataques a jueces, refugiados y periodistas. La frustración aumenta entre quienes ven cómo Trump ganó las elecciones pese a perder en número de votos, como sucedió con Bush en 2000. Las redes sociales aceleran la dinámica, uniendo a grupos de diferentes causas.

Aunque el movimiento aún no ha probado su eficacia, la importante proporción de personas que se manifiestan por primera vez es signo de renovación para la socióloga Dana R. Fischer, que cree que «la gente podría reaccionar de una forma que no prevemos». Cita las manifestaciones contra el decreto antiinmigración, la «inesperada movilización» de los abogados o las donaciones logradas por la ACLU, asociación de defensa de los derechos civiles en primera línea de batalla conta el decreto, que ha recolectado 24 millones de dólares en un fin de semana, seis veces su media anual.

Y añade el llamamiento a una huelga general para el 17 de febrero, en un país donde las grandes huelgas son escasísimas. A su juicio, todo podría pararse si Trump comenzara a actuar «de forma más presidencial». Pero no lo cree. Por el contrario, espera que la gente se manifieste más y se involucre más» la próxima primavera.

«Las manifestaciones son parte de la ecuación aunque no sean todo», señala Lauren Irwin, de 26 años, que se ha manifestado una docena de veces desde la investidura. Stephany Murphy, de 33 años también se compromete a continuar, aunque solo sea porque «cuando Trump ve a toda esta multitud en la tele se vuelve loco, ¡todavía más loco!».

El decreto migratorio se convierte en un rompecabezas jurídico

La voluntad de Donald Trump de cerrar las fronteras a ciertas nacionalidades genera un enorme rompecabezas jurídico en torno a la cuestión de hasta dónde llegan los poderes del presidente en materia migratoria. La disputa podría ser respondida por el Tribunal Supremo en Washington, encargado de definir el marco constitucional del Ejecutivo y de unificar la jurisprudencia. A la espera de ello, reina una gran incertidumbre: los tribunales federales, desde todos los rincones del país, han dado respuestas muy diferentes, algunas respaldando la validez del decreto. El tribunal de apelaciones de San Francisco examinó ayer la decisión del juez de Seattle que suspendió la aplicación del decreto presidencia que prohíbe el ingreso de migrantes de siete países. Trump, que calificó al magistrado de «pseudojuez», sostiene que la Constitución le confiere toda la autoridad para manejar la política exterior y la de inmigración, y que los tribunales están poco calificados para decidir en asuntos de seguridad nacional. Los opositores al decreto también apelan a la Constitución, alegando que la decisión de Trump viola principios fundamentales. Si la decisión del juez se mantiene, el Gobierno podrá acudir al Tribunal Supremo, dividido entre cuatro jueces conservadores y cuatro progresistas y con el noveno, conservador y recién designado, pendiente de que el Senado confirme su nombramiento. GARA

Pence tiene que usar su voto para aprobar a la secretaria de Educación

El vicepresidente de EEUU, Mike Pence, tuvo que deshacer el empate a 50 votos que cosechó la republicana Betsy DeVos para que el Senado confirmara su nombramiento como secretaria de Educación. Se trata de la primera vez en la historia que un vicepresidente tiene que emitir el voto de desempate para un puesto del Gabinete, lo que da cuenta de la desconfianza que genera DeVos. Dos senadoras republicanas votaron en contra y los demócratas la consideran «la menos cualificada de un Gobierno históricamente poco cualificado». DeVos ha dedicado su carrera política a respaldar que las escuelas privadas se desarrollen financiadas con fondos públicos y ha eludido negar que pretenda privatizar centros públicos.GARA