El Parlamento europeo dio luz verde ayer al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá (CETA), con el voto favorable de los grandes partidos, el Partido Popular Europeo, los conservadores (ECR) y los liberales (ALDE), además de la mayor parte del grupo socialdemócrata, si bien algunos de sus diputados votaron en contra. Los Verdes, la Izquierda Unitaria y las fuerzas euroescépticas dieron su voto negativo, con lo que el texto salió adelante con 408 votos a favor, 254 en contra y 33 abstenciones.

Con este resultado, gran parte del contenido del CETA será aplicado desde abril, si bien de forma provisional, a la espera de que sea ratificado en 38 parlamentos estatales y regionales de la UE, un proceso que puede prolongarse años y en el que la oposición al tratado confía en poder frenarlo.

Según Bruselas, el acuerdo supone la eliminación del 99% de las barreras arancelarias entre la UE y Canadá, y hará aumentar un 25% el intercambio comercial entre ambas partes.

Pero sus adversarios advierten de su carácter antidemocrático, al imponer los intereses de las empresas por encima de las leyes y los parlamentos, lo que beneficia a las multinacionales en perjuicio de las regulaciones laborales, sanitarias o de medio ambiente.

El punto más sensible se encuentra en la posibilidad de que una multinacional plantee una demanda contra un Estado que apruebe una política pública contraria a sus intereses y pueda reclamar una indemnización. Un mecanismo de este tipo permitió a Philip Morris actuar contra Uruguay por su política antitabaco y al gigante minero Oceanagold procesar a El Salvador por negarle un permiso de explotación por razones ambientales.

El CETA creará un tribunal permanente compuesto por 15 jueces que nombrarán Canadá y la UE. Pese a que se presenta como «un tribunal internacional de las inversiones», los opositores temen que sus jueces acaben siendo abogados de negocios ligados a gabinetes privados.

Precisamente este punto será uno de los excluidos de la aplicación provisional del tratado.

«El CETA es un acuerdo progresista con un socio progresista», defendió la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, en el debate de tres horas, asegurando que «nada de lo acordado afectará a la seguridad de los alimentos que comemos o de los productos que compramos» ni implicará «la privatización de los servicios públicos».

El argumento Trump

Pero el argumento favorito de la derecha y la socialdemocracia europea fue la referencia al nuevo presidente de EEUU, Donald Trump, e identificar la oposición al tratado con su proteccionismo y con el de la extrema derecha europea. «No funciona ya el proteccionismo, construir muros. El futuro es acuerdos justos y equilibrados con socios que tienen nuestros valores», añadió Malmström. «No queremos construir muros sino puentes», aseguró el presidente del Partido Popular Europeo.

En el exterior del Parlamento varias decenas de personas bloquearon la entrada antes de la sesión retrasando el debate unos minutos. Además, varios cientos se manifestaron en Estrasburgo con pancartas con lemas como «Decir ‘sí’ al CETA es pisotear al pueblo», «¿Desmantelar la democracia? ¡Fuera de cuestión!» y «Cuanto más insistáis, más resistiremos».

A unos metros, se veía un caballo de Troya hinchable con el lema «Stop CETA», en referencia a que el tratado es considerado una «puerta de atrás» para la entrada las multinacionales de EEUU en el mercado europeo.

Eurodiputados verdes y de Izquierda Unitaria se sumaron a las protestas de la plataforma «Stop TTIP and CETA» que el lunes entregó al Parlamento Europeo 3,5 millones de firmas de ciudadanos contra el acuerdo.