Stop Desahucios de Gipuzkoa ha denunciado la negativa de Kutxabank a conceder sendas carencias de cinco años que permitan a dos mujeres con hijos menores a su cargo hacer frente a sendas hipotecas mediante «cuotas reducidas» durante ese período de tiempo.

La plataforma dio a conocer ayer el caso de Kontxi y Amaia en una rueda de prensa en la que las dos afectadas comparecieron arropadas por decenas de personas frente a la sede central de la entidad bancaria en Donostia. En la concentración también participaron representantes de EH Bildu, Podemos, PSE, Ezker Anitza e Irabazi, así como de los sindicatos ELA y LAB, entre otras organizaciones.

Durante la rueda de prensa, la portavoz de Stop Desahucios, Rosa García, criticó a Kutxabank por su «incumplimiento reiterado» y «flagrante» del Código de Buenas Prácticas Bancarias, al que, según indicó, pone «trabas» a pesar de «estar adherida» a él. Aunque en opinión de la plataforma este código resulta «insuficiente y restrictivo», manifestó que las familias que se encuentran en situación de «exclusión social» tienen «derecho» a beneficiarse del mismo, como recogió la agencia Efe.

Por ello, lamentó que, «aún teniendo la obligación de avisar a aquellos clientes que se encuentran en esa trágica situación de los beneficios» que prevé para ellos el citado código, Kutxabank no lo haga, sino que, «todo lo contrario, espere a que se acumulen cuotas sin pagar para incoarles una demanda de ejecución hipotecaria».

En el caso de Kontxi y Amaia, Stop Desahucios asegura que ambas «cumplen todos los requisitos de precariedad económica» que regula el código, a pesar de lo cual Kutxabank les ha negado la carencia.

Cuestiones de forma

En el caso de la primera de estas mujeres, el rechazo de la entidad responde a que «su vivienda excede en 8.588 euros el precio fijado por el Ministerio de Fomento», si bien la plataforma considera que la referencia que debería haberse tomado en este caso es la del Gobierno de Lakua, más favorable a la afectada. Este valoraba en 1.458 euros más el precio del metro cuadrado en cuyo margen sí está comprendido el precio de 183.000 euros que pagó por una vivienda de 56 metros y 60 años de antigüedad en Martutene, «en plena burbuja inmobiliaria, que la propia Kutxa alimentó».

En el supuesto de la segunda perjudicada, explicó que se le exige «indebidamente» la documentación de su exmarido para beneficiarse de la carencia.

En un comunicado difundido durante la concentración, Stop Desahucios calificó de «inadmisible» que esta actuación «sea permitida por la dirección política del PNV, tanto de Kutxabank como de los tres patronatos que dirigen las extintas Kutxas vascas», por lo que les exigió «responsabilidad» y un «cambio de rumbo» que permita a estas mujeres firmar las carencias, así como todas las que tramita la plataforma.