El colectivo de trabajadores de la estiba en los puertos de interés general –como son los de Bilbo y Pasaia– ha mantenido hasta ahora un estatus especial dentro de las relaciones laborales por cuenta ajena, lo que se deriva de que hasta el año 2010 eran empleados públicos contratados por la respectiva Autoridad Portuaria. En ese año entró en vigor la nueva Ley de Puertos, por lo que pasaron a estar contratados por las denominadas «sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios» (SAGEP); una por cada puerto.

Las directrices de la UE obligan a realizar una nueva reforma, que conllevará la desaparición de las SAGEP. Precisamente, el Gobierno del PP intenta hacer creer que el real decreto aprobado el 24 de febrero no es más que la trasposición de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de diciembre de 2014, que sancionó al Estado con 21,5 millones de euros al considerar que el modelo español es contrario al derecho comunitario ya que vulnera el principio de libertad de establecimiento.

Como explicó ayer el comité de empresa de la Estiba de Pasaia-SAGEP en una comparecencia ante la prensa, la aplicación de ese decreto pondría en riesgo más de 6.000 empleos (en el puerto guipuzcoano afecta a 100 estibadores contratados con la SAGEP y/o empresas estibadoras y unos 70 eventuales).

Hasta el absurdo

El comité de Pasaia indicó que, pese a los avances en la mesa de negociación entre empresas y trabajadores a nivel estatal, «no hay muchos motivos de optimismo» ante «la inmovilidad y cerrazón del Ministerio de Fomento». Concretamente, hizo referencia a «la voluntad de mantener los plazos de presentación del decreto ante el Congreso», que se votará mañana.

Según explicaron en la rueda de prensa, desde instancias europeas han hecho saber que hay de plazo hasta junio para alcanzar un acuerdo, por lo que comentaron que «se llega al absurdo cuando se nos quiere hacer creer que las prisas obedecen a evitar la multa europea y se consigna un fondo de 350 a 400 millones de euros para financiar los despidos; esto es, la multa que correspondería pagar en siete u ocho años. Mentiras».

Así hicieron referencia a las declaraciones que realizó el lunes la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, quien dijo que «si no se convalida el decreto ley el próximo jueves, todos los días se pagará una multa de 134.000 euros, casi 50 millones de euros al año, y eso no nos lo podemos permitir».

Báñez calificó de «gran noticia» el compromiso de mantener los 6.400 puestos del sector alcanzado la pasada semana en el marco de la negociación entre representantes sindicales y la patronal Anesco.

Por su parte, el comité de Pasaia-SAGEP reclamó la retirada del decreto y la apertura de una mesa donde Ministerio, empresas y trabajadores consensúen un modelo que, ajustándose a las demandas del TJUE, mantenga las condiciones laborales y formativas de los estibadores.

El PNV afirma que no ha decidido su voto

Según los posicionamientos que se han ido haciendo públicos en los últimos días, cabe la posibilidad de que el Gobierno del PP quede en minoría cuando, en el pleno de mañana, el Congreso de los Diputados vote la convalidación del decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros el 14 de febrero. De ser así, la reforma de la estiba diseñada, sin consensuarla previamente, por el Ejecutivo de Rajoy podría quedar invalidada.

Centrándonos en los grupos vascos, EH Bildu ya ha expresado su rechazo a esta reforma, puesto que considera que pone en peligro cerca de 700 empleos en los puertos de Bilbo y Pasaia.

En cambio, el PNV no termina de aclarar cuál será el sentido de su voto. El portavoz jeltzale, Aitor Esteban, dijo ayer que aún es posible que el Gobierno, la patronal y los sindicatos lleguen a un acuerdo «ya que hay 48 horas por delante», por lo que se negó a adelantar una posición definitiva de su grupo. Incluso, comentó que la reforma podría vehiculizarse como proyecto de ley, no como decreto. GARA