E nma Theissen Álvarez fue testigo de cómo tres personas vestidas de miliares se llevaban a su hijo Marco Antonio Molina Theissen, y 35 años después sigue sin saber cuál es su paradero. Pero sí ha podido mirar a los ojos a los responsables del secuestro de su hijo, en prisión desde el 6 de enero de 2016. Veinte años después de del Acuerdo de Paz de diciembre de 1996, aún se sigue haciendo justicia para reparar el daño a las víctimas en una guerra civil que se prolongó seis años y dejó un saldo de 200.000 muertos y 50.000 desaparecidos.

Enma Theissen se abrazó entre lágrimas a sus hijas el 2 de marzo, cuando un juez envió a juicio a los cinco militares retirados acusados de la desaparición de su hijo. Entre ellos, se encuentra el exjefe del Estado Mayor Presidencial Manuel Benedicto Lucas García, hermano de quien fuera máximo mandatario de Guatemala entre 1978 y 1982, Romeo Lucas García. Todos ellos, entre los que se incluyen un exgeneral, un exoficial del Estado Mayor y dos excomandantes, serán enjuiciados por el delito de desaparición forzada de Marco Antonio Molina, así como por los delitos de violación con agravamiento de pena y contra el deber de humanidad por los abusos sexuales a los que sometieron a su hermana Enma Guadalupe Molina.

Según la Fiscalía de Derechos Humanos, el secuestro y desaparición del menor se debió a una represalia, después de que Enma Guadalupe Molina lograra escapar tras su detención ilegal el 27 de setiembre de 1981 por portar documentos calificados por el Ejército como «propaganda de estudio y discusión política». Tras su arresto, fue trasladada a una base militar, donde fue torturada y violada, si bien nueve días después consiguió huir. Como venganza, varios soldados se personaron en la casa de su madre para secuestrar a Marco Antonio Molina.

«Que no vuelva a suceder»

«Deseamos con todo nuestro corazón que se haga justicia para nuestro Marco Antonio, con el fin de que esto no vuelva a suceder y para que se siga buscando a toda la niñez desaparecida», asegura a GARA la madre del menor desaparecido. Subraya que ella y su familia están dispuestas a «continuar esta lucha», al tiempo que censura que el Gobierno de su país «jamás se ha hecho cargo de la búsqueda de desaparecidos».

Concretamente, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala se encarga desde 1997, sin ningún fondo público, de investigar junto al Ministerio Público las masa- cres y desapariciones forzadas, lo que ha posibilitado recuperar a casi 6.000 individuos. De momento, ya han identificado a más de 2.100 personas, gracias a un banco genético de ADN. Por su parte, la Liga Guatemalteca de Higiene Mental se dedica a buscar a los menores que desaparecieron durante la guerra y que alcanzan la cifra de 5.000, muchos de los cuales podrían continuar con vida. Esta entidad tiene documentados 1.200 casos y la mayoría corresponden a secuestros por parte del Ejército que capturaba a los menores para darlos en adopción, incluso en el extranjero. Desde 1999, ha logrado reunir con sus familias a 443 personas.

La postura del Ejecutivo en relación a las víctimas ha sido siempre la de dejar trabajar a las organizaciones que se dedican a buscar a los desaparecidos, pero sin aportar fondos para que puedan hacerlo. «Si no fuera porque hemos mantenido una lucha tenaz de 35 años exigiendo justicia y que nos entreguen los restos de mi hijo no hubiésemos conseguido nada», lamenta Enma Theissen, quien recuerda que a raíz de una denuncia suya, en 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó a Guatemala de la desaparición forzada de Marco Antonio y de que no se investigaran estos hechos. Así, este caso se convirtió en un símbolo para las miles de personas que buscan a sus familiares desaparecidos durante el conflicto armado.

Mientras, Ana Molina Theissen, hermana del menor desaparecido, considera que la decisión de enviar a juicio a los cinco militares supone un mensaje «muy poderoso» para los estamentos de poder en el sentido de que «no pueden ponerse ni por encima ni al margen de las leyes nacionales e internacionales». De este modo, incide en que la decisión judicial significa un «paso adelante» para la consolidación de un sistema independiente de Justicia en Guatemala que «actúe al margen de los poderes fácticos».

«Cerrar el círculo del horror»

Pese a ello, la madre de Marco Antonio no se conforma con ver entre rejas a los responsables de la desaparición de su hijo y la violación de su hija y sigue esperando recuperar los restos del menor para «poder tener un lugar donde poder poner una flor y decir una oración». Tal vez así, reconoce, su corazón logre «cerrar un tanto el círculo de horror» que ha vivido durante todos estos años después de que los militares le arrebataran para siempre a su hijo.

Se da la circunstancia de que Manuel Benedicto Lucas García también será juzgado por su implicación en el «caso Creompaz», que se conoció después de que la Fundación de Antropología Forense descubriera en 2012 un total de 565 osamentas. Correspondían a indígenas que tras ser interrogados, torturados y ejecutados fueron enterrados entre 1981 y 1988 en fosas comunes en la Zona Militar 21 de Cobán, Alta Verapaz, denominada hoy Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz).

La investigación por esta causa se inició tras la sentencia de 7.710 años de cárcel dictada en marzo de 2012 contra cinco exparamilitares por la matanza conocida como «Plan de Sánchez», cometida en 1982 y en la que fueron ejecutados 256 indígenas de la etnia maya achí, la mayoría mujeres, niños y ancianos.