El Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa (TSJN) ha dado un vuelco al proceso de los jóvenes de Altsasu por la pelea en un bar de la localidad con dos guardias civiles y sus parejas. Los tres jueces de la Sección Primera sostienen por dos vías distintas que los sucesos no cumplen los requisitos de un delito de «terrorismo», por lo que la causa nunca debió ser trasladada a la Audiencia Nacional. El auto desata un conflicto competencial y deja en manos del Supremo dónde deberán ser juzgados los jóvenes. Y además, abre la vía a una liberación inmediata de los tres jóvenes que siguen presos, ya que están encarcelados como presuntos «terroristas».

La defensa de los jóvenes avanzó ayer su intención de solicitar la libertad de sus defendidos. La petición se tendrá que tramitar ante la Sala de la Audiencia Nacional, ya que la juez instructora, Carmen Lamela, terminó en febrero su labor y el caso estaba ya listo para la vista oral. Lamela mantiene su acusación por «un delito de terrorismo en concurso ideal de lesiones, atentado y odio».

El motivo principal que recoge el auto de los jueces navarros es que los hechos no constituyen un delito grave y, por tanto, no se cumplen con los requisitos que marca el artículo 573 del nuevo Código Penal, que define qué es «terrorismo» y qué no. Dicho artículo establece el requisito de que se trate de un «delito grave» y, ya después, se establecen unas características. Un delito grave es aquel que conlleva una pena mayor de cinco años. En este caso, la pelea se encuadraría en un delito de lesiones, cuya pena es inferior. Si los hechos se vieran como delito de atentado contra la autoridad, tampoco se superaría esa barrera de los cinco años.

«Una campaña mediática»

El auto del TSJN también desmonta la tesis de que fuera una acción programada por el movimiento Ospa. Los jueces aseguran que el movimiento existe y que algunos de los investigados «parece ser» que pertenecen a él, pero señalan que de toda la instrucción no se desprende que fuera una acción deliberada de dicho movimiento y señalan que los guardias estuvieron en el bar durante «cierto tiempo» sin que se hubiera producido ningún tipo de hostigamiento.

El pronunciamiento de los jueces llega después de que la defensa de los jóvenes hubiera recurrido en apelación la decisión de la juez Mari Paz Benito de inhibirse y trasladar el caso a Madrid. El nuevo auto ordena ahora a esta juez a plantear una cuestión de competencia al Supremo para que decida dónde tendrá que ser juzgado.

«Esto ratifica que lo que ha habido es una campaña mediática después de una trifulca de bar por unos intereses políticos. Probablemente, la intencionalidad única es que no se juzgue en Nafarroa y alejarlo de su juez natural», aseguró ayer el abogado de la defensa, Josu Beaumont. «Ahora el TSJN da la razón no solo a los familiares, al Ayuntamiento de Altsasu, sino también al Parlamento navarro. Porque, cuidado, aquí el Parlamento del cambio también se ha posicionado y ha sido acusado de muchas cosas», continúa.

El abogado de la defensa remarcó que la batalla no está ganada. «El problema es que, de momento, el punto de decisión sigue estando en Madrid, porque es el Supremo quien debe decidir el lugar donde debe celebrarse el juicio», afirmó.

Hay nueve jóvenes encausados, de los que siete fueron encarcelados en noviembre. Tras liberar a cuatro de ellos en diciembre, continúan encarcelados Jokin Unamuno, Adur Ramirez de Alda y Oihan Arnanz.