La Justicia salvadoreña está en el deber de investigar el homicidio de monseñor Óscar Arnulfo Romero, 37 años después, sin importar que los autores posiblemente estén muertos, consideró en entrevista con Efe el jesuita José María Tojeira. El exrector de la Universidad Centroamericana (UCA) subrayó que «lo ideal es reactivar el caso» porque una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otra de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña lo convierten en «un caso permanente», hasta que sea resuelto.

La CIDH recomendó en abril de 2000 al Estado salvadoreño «realizar una investigación judicial completa, imparcial y efectiva, de manera expedita, a fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales».

De igual forma, una sentencia de la Sala de lo Constitucional salvadoreña de julio de 2016 anuló la Ley General de Amnistía de 1993, lo que abrió el camino para que los casos de crímenes de guerra, incluido el magnicidio de Romero, puedan ser reabiertos. «En este caso lo fundamental sería establecer la verdad, porque probablemente los principales responsables hayan fallecido», manifestó Tojeira, que encabezó la batalla legal para esclarecer la muerte a manos del Ejército de seis jesuitas, entre ellos Ignacio Ellacuría, en 1989.

«El Sistema Judicial debería investigar hasta el fondo las responsabilidades existentes y, si los responsables han fallecido, decretar el fin del caso dando la versión de la verdad de lo que pasó», añadió.

Un informe de la Comisión de la Verdad de la ONU, que investigó las violaciones de derechos humanos durante la guerra salvadoreña (1980-1992), determinó que el exmayor del Ejército y fundador del partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Roberto D'Aubuisson, dio la orden de matarlo. Este falleció en 1992 a causa de un cáncer en la garganta.

Justicia transicional

Dicho documento estableció que el escuadrón de la muerte también estaba formado por los capitanes Álvaro Saravia y Eduardo Ávila, así como Fernando Sagrera y Mario Molina, entre otros.

Pese a pedir la continuidad del proceso penal, que fue congelado en 1993 en la etapa de instrucción o investigación judicial, Tojeira prefiere que los presuntos autores sean juzgados bajo un esquema de justicia transicional. «Esto implica la posibilidad de que, si colaboran con la investigación, se les pudiera condenar a penas de servicio social o multas y no a prisión», señaló.

La conmemoración del 37 aniversario de la muerte de Romero tiene lugar en medio de la discusión sobre su canonización en el seno de la Iglesia católica. El Vaticano lo declaró mártir y beatificó el 23 de mayo de 2015 en una multitudinaria misa en San Salvador.