En agosto del pasado año, el Estado francés sumó el apoyo de Alemania para solicitar a la Comisión Europea la puesta en marcha de una estrategia que, amparada en lo que se denominó como una «estrategia en la lucha antiterrorista», tenía como objetivo el control de las aplicaciones móviles.

En el punto de mira fueron colocadas WhatsApp y, especialmente, Telegram, aplicaciones que permiten la codificación de los mensajes, lo que provoca que los servicios de inteligencia topen con muchos problemas. Los ministros de Interior del Estado francés y Alemania propusieron que las aplicaciones de mensajería instantánea estuvieran sometidas a la misma legislación que regula los operadores telefónicos. Es decir, que cuando haya una autorización judicial, puedan ser pinchadas, tener acceso a su contenido y que este pueda ser descifrado.

El principal escollo para llevar a cabo esta medida radica en que la mayor parte de estos programas pertenecen a compañías extranjeras: WhatsApp y Twitter son estadounidenses y el primer desarrollo de Telegram fue ruso.

Medidas

Casi un año más tarde, la Comisión Europea ha incluido en su agenda una nueva propuesta que incluye nuevas medidas que se pondrán en marcha el próximo mes de junio y con las que se pretende facilitar el acceso policial a información encriptada en aplicaciones de internet como la citada WhatsApp, que pertenece al gigante estadounidense Facebook.

La decisión, anunciada por la comisaria europea de Justicia, Vera Jourová, llega después de que los ministros de interior de los estados miembro de la Unión Europea aumentaran la presión sobre la Comisión Europea para introducir aquella primera idea que fue propuesta inicialmente por el Estado francés y Alemania. Jourová también señaló en su comparecencia que propondrá tres o cuatro opciones, entre las que se incluye elaborar una legislación vinculante y lograr acuerdos voluntarios con las compañías, para que aporten información de aplicaciones de mensajería de internet de una manera rápida y fiable.

A modo de conclusión, la comisaria europea de justicia ha recordado el principal problema para poner en marcha estas medidas: «Por el momento, los fiscales, los jueces y también las autoridades policiales dependen de si las compañías proveerán voluntariamente el acceso a esta información. Esta no es la forma en que podemos facilitar y garantizar la seguridad de los europeos, dependiendo de alguna acción voluntaria», ha afirmado Jourová.