Los alcaldes de los diez ayuntamientos con más habitantes de Nafarroa y los de cabeza de merindad celebraron ayer una jornada en la Casa Consistorial de Iruñea en la que han acordado rechazar el contenido de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera e instar al Gobierno español a derogarla, ya que limita el gasto que pueden realizar las entidades locales y prioriza el pago de la deuda.

En la citada ley se establece que el gasto de las Corporaciones Locales no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB, marcado en el 2,2% para este año, sin tener en cuenta la situación financiera de cada Ayuntamiento. Eso se traduce, por ejemplo, en que «se ha obstaculizado que los gobiernos locales puedan reforzar sus plantillas con el personal necesario para combatir las crecientes desigualdades, para luchar contra la emergencia habitacional, para modernizarse, etc. Y se les ha forzado a generar superávits millonarios que se destinan a pagar a los bancos mientras la precarización y las desigualdades se disparan», tal y como recoge el documento final.

El texto aprobado, que será presentado en cada uno de los Plenos de los ayuntamientos participantes como declaraciones, también recoge que los consistorios informarán «a la ciudadanía del contenido de este acuerdo a través de los medios a su alcance» y que lo notificarán a Gobierno de Nafarroa, al Parlamento de Nafarroa, al Ministerio español de Hacienda y Administraciones Públicas y a la Federación Navarra de Municipios y Concejos.

Los ayuntamientos critican que la ley es «recentralizadora» y que amenaza la labor municipal. Aseguran que supone que muchos ayuntamientos están a día de hoy, intervenidos de facto.