No extrañó a nadie. La enésima suspensión de una iniciativa catalana por parte del Tribunal Constitucional (TC) apenas despertó ayer el interés de los medios, si bien la decisión de tumbar las partidas presupuestarias destinadas a organizar el referéndum sobre la independencia anunciado –como tarde– para setiembre acerca inevitablemente el previsible choque de trenes entre la voluntad catalana y la legalidad española.

De hecho, ayer el TC no se limitó a suspender las partidas, sino que, cumpliendo la petición expresada por el Gobierno español en su recurso, advirtió tanto al president, Carles Puigdemont, como a los consejeros del Govern, de que abrirá la vía penal contra ellos si ejecutan las partidas del referéndum contempladas en los presupuestos aprobados con los votos de Junts pel Sí y la CUP.

De la poca extrañeza que causó la suspensión dieron cuenta las escasas reacciones políticas en el seno del soberanismo, que viene insistiendo en que realizará el referéndum con permiso del Estado o sin él. Así lo hizo la semana pasada Puigdemont en la Universidad de Harvard de EEUU, donde aseguró que impulsará el plebiscito «sea como sea». Ayer, fue el vicepresidente, Oriol Junqueras, el que se limitó a apuntar por Twitter que «el TC no podrá suspender la libertad ni la democracia».

250.000 papeletas

Por su parte, la CUP redobló ayer su presión para forzar al Govern a negociar ya la fecha y la pregunta del referéndum, algo a lo que se resiste alegando la necesidad de no romper con el entorno de los comunes.

La CUP dio inicio a una campaña en la que repartirá en toda Catalunya 250.000 papeletas con la pregunta que proponen: «¿Quiere que Catalunya sea una República independiente?». Un interrogante al que los cuperos plantean dos únicas respuestas posibles: Sí o No.