Detractores y partidarios del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, volvieron a manifestarse ayer en medio de una creciente tensión política, que esta semana ha dejado decenas de heridos y detenidos.

La oposición trata de conquistar las calles en su denuncia de lo que considera un «golpe de Estado» contra la Asamblea Nacional, donde tiene mayoría, después de que el Tribunal Supremo de Justicia asumiera los poderes del Legislativo y retirara la inmunidad a los diputados con dos fallos emitidos la semana pasada y anulados el sábado.

Los enfrentamientos entre manifestantes opositores y agentes de la Guardia Nacional estallaron en Caracas cuando una marcha de unas 5.000 personas cambió de rumbo para dirigirse al centro de la ciudad y su avance fue impedido por una barrera de policías.

Los opositores se habían concentrado en una autopista a la altura del acomodado barrio de Altamira, según el plan original, pero dirigentes como el excandidato presidencial Henrique Capriles pidieron a los manifestantes que se desplazaran hacia la Defensoría del Pueblo, en el casco histórico.

«Capriles está buscando unos muertos para incendiar el país», denunció luego el dirigente oficialista Freddy Bernal.

La Guardia Nacional formó una barrera con grandes camiones en la bloqueada autopista, y emplearon gases lacrimógenos y agua a presión para dispersar a la multitud. Los manifestantes, varios con el rostro cubierto, respondieron con piedras.

El Gobierno suele impedir cualquier movilización opositora hacia el centro, que el chavismo considera su bastión y donde se concentran las sedes de los poderes públicos.

En esa zona, cerca de la Asamblea Nacional, miles de chavistas se manifestaban en apoyo a Nicolás Maduro, quien acusa a los líderes opositores de querer «llenar las calles de sangre» para propiciar, con ayuda de la OEA, su derrocamiento.

Proceso de destitución del TSJ

El objetivo de la protesta opositora de ayer era apoyar el proceso activado el miércoles en la Asamblea para destituir a los magistrados del TSJ, por su «responsabilidad en la ruptura del orden constitucional», una acción que el chavismo consideró un «golpe parlamentario» que vulnera la Constitución.

Pero antes de que el Parlamento pueda actuar, el llamado Poder Ciudadano debe certificar que los jueces cometieron una «falta grave», algo improbable según analistas, pues sus integrantes –Fiscalía, Contraloría y la Defensoría del Pueblo– son cercanas al Gobierno.

El acuerdo sobre la «activación del procedimiento» contra los juristas fue aprobado con el voto opositor y en presencia de la bancada oficialista, que asistió a esta sesión plenaria pese al «desacato» en la que aún se encuentra la Cámara, según el TSJ.

El primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, pidió ayer a sus simpatizantes estar preparados para una «alerta combativa» ante las pretensiones de la oposición, dijo, de dar un golpe de Estado contra Maduro. Aseguró que «ni con sangre» la oposición logrará un cambio.

Esta insiste en que la solución a la crisis política solo pasa por la elecciones presidenciales.