Agustín GOIKOETXEA
BILBO

Marinos mercantes detectan una «gran estafa» en sus cotizaciones

Marinos mercantes han detectado una «gran estafa» en sus cotizaciones que les afecta negativamente cuando tramitan la pensión de jubilación o la de incapacidad. Los periodos abonados por los empresarios no coinciden con el tiempo de trabajo que se encuentra certificado en la libreta marítima, donde se documentan los días de embarque. A pesar de los requerimientos, la Seguridad Social no actúa de oficio y obliga a los afectados a acudir a los juzgados.

Asociaciones que agrupan a marinos y maquinistas navales comienzan a barajar iniciativas conjuntas para defender sus derechos porque consideran que «han sido estafados». La principal queja es la de que el Ministerio español de Empleo y Seguridad Social, a través del Instituto Social de la Marina (ISM), está incumpliendo leyes y perjudicando los intereses de los marinos, tanto a la hora de acceder a la pensión de jubilación como a la de incapacidad.

Los marinos mercantes, como sucede con otros colectivos de trabajadores del mar, se benefician de unas bonificaciones por las especiales características de su empleo. Pasan meses en alta mar, en un medio hostil y alejados de sus hogares, lo que se compensa con unos coeficientes reductores de la edad de jubilación. Desde los años 70, estos factores dependían de la zona de navegación.

En 2007, el Gobierno español aprobó un real decreto que modificaba esos criterios. Con el nuevo sistema se buscaba tanto una «simplificación administrativa», al no tener que comprobarse por cada embarque realizado la zona de navegación correspondiente, como dotarle de «mayor seguridad jurídica», al aplicarse a un mismo buque siempre el mismo coeficiente reductor, con independencia de las navegaciones efectuadas.

La Seguridad Social recurre a los periodos cotizados por las empresas y no tiene en cuenta la libreta de navegación, y es ahí –apuntan los afectados– donde surge el problema y comienzan sus quebraderos de cabeza.

En una carta remitida a la ministra Fátima Báñez, la Asociación Profesional de Ingenieros Marinos y Maquinistas Navales, junto con la Asociación de Capitanes de la Marina Mercante, advierten de que se están incumpliendo varios artículos del real decreto de 2007. Los marinos mercantes recuerdan que son las empresas las responsables de dar de alta en la Seguridad Social a los trabajadores, tal y como fija la ley, por lo que «si no encaja el tiempo cotizado con el efectivamente trabajado no es algo que competa al marino contratado por cuenta ajena». «No es su responsabilidad –insisten– y tampoco tienen por qué pagar lo que han hecho mal las empresas».

La vida laboral de algunos afectados no coincide con la libreta de navegación, lo que deja al descubierto la «estafa al marino, además de un fraude a la Tesorería General de la Seguridad Social». El «fallo» lo detectan en que el Ejecutivo español no desarrolló en el plazo de un año establecido el plan de medios, que «consistía en informatizar los datos contenidos en los documentos probatorios justificativos de los trabajos realizados».

«No se hizo ese trabajo –que tenía que haber estado listo para 2008– y ahora los marinos nos encontramos con este problema y se nos anima a ir al juzgado para resolverlo, cuando no es a nosotros a quienes nos corresponde, que tenemos como prueba la libreta de navegación», manifiesta Arturo Salas, jefe de máquinas y uno de los afectados pendiente de la resolución judicial.

Perjuicio a la Seguridad Social

El modo en que se está actuando, «pasando la responsabilidad a los marinos cuando no la tienen, en lugar de exigir las responsabilidades a los empresarios como indican los diferentes artículos de la ley, ocasiona –advierten– un perjuicio a los trabajadores y a la Tesorería de la Seguridad Social en favor de los empresarios que no asumen su responsabilidad».

«No puede ser que por unos empresarios corruptos, que no cotizan, y por una Administración que no vigila, vayamos a pagar quienes tenemos pruebas de que permanecimos embarcados de tal a cual fecha. No es de recibo», señala Salas.

Muchos de los periodos en los que no se cotizó a los trabajadores tienen relación con vacaciones, descanso o bajas laborales. Respecto a las vacaciones, fuentes oficiales apuntan a que antes de los cambios normativos las empresas no tenían obligación de cotizar esos periodos.

«No está recogido en la ley que el desembarco tenga que ser por vacaciones para tener derecho a ellas, como dicen directivos de su Ministerio –replican las asociaciones profesionales a la ministra Báñez en una misiva dirigida a ella–. Eso es tener mucha imaginación y poco respeto a esta norma». «Las vacaciones se disfrutan fuera y no en el barco, como ustedes pretenden. El hecho de desembarcar por mi voluntad o por el fin del contrato no implica el perder el derecho a las vacaciones», puntualizan.

El valor de la libreta

Las asociaciones profesionales no entienden que, frente a las cotizaciones, se desprecie por parte del Instituto Social de la Marina un documento «tan valioso e importante» como es la libreta de inscripción marítima.

«Las libretas marítimas son documentos oficiales reconocidos en todos los países del mundo; es el documento que recoge los embarques y los desembarques de los trabajadores del mar. Están perfectamente selladas y firmadas tanto por los capitanes de barco como por las comandancias de marina y capitanías de puerto, y están con toda claridad recogidas en el real decreto como documento probatorio», aseguran.

«Es también el justificante de los marinos para revocar cualquier información no coincidente con los periodos navegados», apostillan.

Denuncia en las juzgados pendiente de resolución

Lleva tiempo Arturo Salas, jefe de máquinas y afectado por el modo en que se calcula ahora la vida laboral en este sector, pleiteando ante el Instituto Social de la Marina. Dentro y fuera de los juzgados, desarrolla una importante campaña de divulgación entre personas que están o estuvieron vinculadas a la marina mercante para que sean conscientes de las posibles consecuencias. En su caso, solo le han concedido una reducción de 2 años y 9 meses cuando, tomando como base la libreta de navegación, el coeficiente reductor que le correspondía por ley era de 5 años y 1 mes.

Él, en primera instancia, perdió una demanda interpuesta en un juzgado de lo Social. Ahora está pendiente de que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria dicte sentencia. Anima a que marinos de todo el Estado se sumen a esta lucha.A.G.