La Sala de los Penal del Tribunal Supremo ha otorgado a la Audiencia Nacional la competencia para investigar los incidentes registrados el pasado 11 de marzo en Iruñea. Entiende que estos hechos, por los que permanecen encarcelados tres jóvenes de Errenteria, podrían ser constitutivos de un delito de «terrorismo».

Según informaron las agencias estatales, el Alto Tribunal ha resuelto así, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, la cuestión de competencia que se había planteado entre el Juzgado de Instrucción número 4 de Iruñea y el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional.

En un primero momento, el juzgado de la capital navarra se inhibió en favor del tribunal de excepción, pero posteriormente la Audiencia Provincial de Nafarroa consideró que el caso debía ser juzgado en Iruñea, ya que, a su parecer, se trataba de un delito de «desordenes públicos» y no de «terrorismo».

Sin embargo, el Supremo identifica en los hechos «conductas dirigidas a crear un estado de terror e inseguridad ciudadana, por lo que al menos de forma indiciaria podrían ser perfectamente subsumidos en el delito de terrorismo del artículo 573 del Código Penal», en concurso con presuntos delitos de «lesiones, daños, desórdenes públicos, incendio y atentado».

Sostiene que un grupo de personas, entre ellos los detenidos –los tres jóvenes que siguen en prisión y un menor que quedó en libertad–, «lanzó múltiples piedras contra la fuerza policial uniformada, así como botellas, tras formar barricadas con contenedores».

Trifulca de Altsasu

El pasado 1 de junio el Supremo también acordó que la trifulca ocurrida en Altsasu el 15 de octubre de 2016 debía juzgarse en la Audiencia Nacional. Dejó el caso en manos de la juez Carmen Lamela, que investigará como delitos de «terrorismo» los dos sucesos.

Ambos casos han despertado el malestar de la ciudadanía, que en diferentes ocasiones ha salido a la calle para reclamar la puesta en libertad de los detenidos y que se juzgue en Nafarroa. El pasado mes de marzo, pocos días después de que se produjeran las detenciones de Iruñea, unas 3.000 personas se manifestaron en Errenteria para mostrar su apoyo a los jóvenes de la localidad.

Y el pasado mes de mayo el actual alcalde de Errenteria Julen Mendoza (EH Bildu) y los ex primeros ediles Xabin Olaizola (HB), Adrián López (PSE) y Juan Carlos Merino (PSE) pidieron que los incidentes de Iruñea se investiguen y juzguen por la jurisdicción ordinaria y no por la Audiencia Nacional.