La Fiscalía ha dado carpetazo al mayor caso de presunta corrupción detectado por Comptos en los últimos años. No es la primera vez que el criterio de la Fiscalía es distinto que el del ente fiscalizador navarro, pues ya ha bloqueado la investigación de otros casos de irregularidades de cuentas públicas, pero sí que es cierto que no se recordaba un informe tan crítico de la Cámara en la última década. El decreto del fiscal de archivo de sus diligencias llega en un periodo relativamente corto y las averiguaciones más allá del informe que el entregó la Cámara son muy escasas. A consecuencia de este proyecto, cuya financiación y concesión el fiscal confirma como irregular, se pueden considerar prácticamente perdidos más de tres millones de euros públicos.

El escrito del fiscal, que tiene un carácter muy técnico, desarrolla una serie de argumentos para intentar probar que no se cometió «prevaricación administrativa, fraude en la obtención de subvenciones y falsedad documental». En cuanto a la investigación propia del fiscal, esta se ha limitado a pedir información a dos departamentos del Gobierno de Nafarroa. A las empresas que supuestamente habrían participado del fraude o al propio Ayuntamiento de Ultzama no se ha requerido nada. También se aportó al caso un extenso informe de Hacienda, pero tuvo que ser a iniciativa propia de Desarrollo Rural.

Al archivar sus investigaciones, el fiscal recuerda que «el denunciante puede formular denuncia ante el juez de instrucción competente».

El informe del fiscal analiza a lo largo de 17 páginas el sistema de facturación cruzada que creó el Ayuntamiento de Ultzama para acceder a distintas subvenciones. Comptos había detectado que se habían emitido dos facturas por un mismo trabajo por parte de dos empresas diferentes, de tal modo que se accedió a dos subvenciones distintas El fiscal certifica que es cierto, pero entiende que se ha dado falsedad documental. Lo considera así, porque las dos facturas pagaron el IVA y porque el trabajo (aunque solo fuera una vez) sí que se llevó a cabo.

Prevaricación no esperpéntica

Siguiendo sus argumentos, tampoco se cometió prevaricación por emplear al Ayuntamiento como elemento necesario dentro del sistema de facturación cruzada. Según el fiscal, aunque la actuación del consistorio fue ilegal, esta irregularidad no fue «esperpéntica» o «injusta» y, por tanto, no hay delito. No obstante, admite que «es patente que las obras mencionadas en ambas facturas no fueron ejecutadas por el Ayuntamiento de Ultzama, por lo que no era procedente la emisión de facturas».

Por otro lado, el fiscal también entiende que exculpa de delito de prevaricación el hecho de que el secretario no advirtiera debidamente de la ilegalidad que suponía este proceder.

En líneas generales, la argumentación del fiscal recuerda mucho el auto de la juez Inés Hualde con el «caso UAGN». Ante la evidencia indiscutible de la comisión de ilegalidades, el único camino que cabe es minorizarlas y subrayar que la intervención penal ha de ser la mínima. «La sanción penal no debe actuar cuando existe la posibilidad de utilizar otros medios o instrumentos jurídicos no penales», afirma el fiscal. Esto se ve, en particular, cuando analiza cómo se llevaron a cabo las concesiones de obra.

Comptos acreditó que los expedientes de contratación de las obras se hicieron después de que los trabajos se hubieran realizado. El fiscal no niega que esto sucediera, pero sostiene que debiera de llevarse el caso «ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos».

La continuidad del caso queda ahora en manos del Gobierno o del Ayuntamiento de Ultzama, pero ahora reabrir el caso contra el criterio del fiscal requerirá de un esfuerzo mayor.

 

UPN cuestiona a Comptos al tachar todo de «montaje del cuatripartito»

Después de que el fiscal avisara del archivo de las diligencias el último día antes del txupinazo, UPN emitió una nota en la que aseguraba que esta decisión «pone al descubierto otro montaje del cuatripartito». Cabe recordar que la decisión de remitir el informe a Fiscalía fue de la Cámara de Comptos, no del Parlamento ni del Gobierno. Por otro lado, Adolfo Araiz (EH Bildu) subrayó que esta decisión «no va a conseguir tapar nada de lo que ocurrió» y que las irregularidades se acreditarán.