Claro que se podía haber evitado. No quizás que Kepa Del Hoyo muriese de un infarto al corazón, pero tampoco cabe obviar que las condiciones de vida en las cárceles españolas y francesas son nefastas para la salud. Lo que sin duda se podía evitar era que falleciese en prisión y que lo hiciese a 700 kilómetros de su casa. Habiendo cumplido una condena de veinte años cualquier otro preso estaría en la calle. Pero Del Hoyo fue juzgado bajo una legislación excepcional y estaba cumpliendo esa sentencia en condiciones excepcionales. Que nadie mienta ni se engañe: su condena seguía una lógica de guerra y no un sentido de justicia. Esta es una política de venganza y va contra los derechos humanos de las personas, de los encarcelados y sus familiares.

La muerte de Kepa Del Hoyo desmonta muchos relatos sobre la realidad de los presos políticos vascos. Si por no aceptar esta realidad hay quien prefiere abstraerse o caer en la crueldad, se estará haciendo daño a sí mismo, además de a los familiares de esta víctima de la política penitenciaria y al país. Estará ofreciendo su peor versión y este es un momento para ofrecer la mejor que tengamos. Que lea los testimonios de su pareja y de su hijo –están disponibles en naiz.eus–, y si no es capaz de tener una mínima empatía, que se lo mire. Si, además, tiene alguna responsabilidad pública, estará haciendo dejación de ella. Del Hoyo era un ciudadano vasco cuyos derechos eran vulnerados y que ha muerto en la cárcel. Nadie debería sostener que esto es algo «natural». La excepción son, quizás, las víctimas reales, por razones comprensible aunque no por ello buenas. Pero impostar o promover ese ánimo de venganza por ventajismo político es auténticamente perverso.

Junto con el duelo en su comunidad y el respeto entre el resto, la muerte de Del Hoyo debería azuzar las conciencias y empujar a los responsables políticos vascos a articular una hoja de ruta para que las personas presas vuelvan a casa cuanto antes; para que Kepa cierre esta lista negra.