El vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, manifestó ayer que el Ejecutivo recoge «con máximo interés» la moción presentada por el Parlamento (y suscrita por las fuerzas del cambio) en la que se le insta a llevar el procesamiento de los jóvenes de Altsasu ante los organismos de Derechos Humanos de la Unión Europea.

Laparra adelantó que la cuestión se tratará en el próximo Consejo de Gobierno. Sobre el cómo se plantea el Ejecutivo atender a esta solicitud del Parlamento, el vicepresidente se mostró discreto. «Habrá que verlo», dijo. En cualquier caso, remarcó que el tema «también era un asunto de preocupación para el Gobierno».

Penas proporcionales

La moción de las fuerzas del cambio busca que la UE tome cartas en el asunto y se pronuncie sobre la «proporcionalidad de la pena» que se les pretende imponer a los jóvenes alsasuarras (para los que la Fiscalía pide 50 años de cárcel y, en un caso concreto, más de 60). Para ello, el texto cita que «el artículo 49.3 de la Carta de Derechos Fundamentales vigente en la Unión Europea hace referencia a la proporcionalidad de las penas, señalando que ‘la intensidad de las penas no deberá de ser desproporcionada en relación a la infracción’».

De este modo, lo que busca el cuatripartito es ver si una petición de 50 años o más es compatible con la Carta de Derechos Fundamentales cuando los hechos que se enjuician son una pelea de bar. A su entender, el Código Penal español no estaría trasponiendo correctamente las leyes europeas. «Es dudoso que las calificaciones realizadas por el Fiscal encajen con las definiciones comunitarias de terrorismo», aseguran.