Raúl Zibechi
Periodista
GAURKOA

Un país de vergüenza llamado Brasil

El autor analiza la crítica situación de esta potencia regional, un país sometido por una élite corrupta, vendido en subasta y sumido en una crisis económica bestial. Las perspectivas a futuro son muy complicadas, incluso si Lula lograse vencer en las elecciones de 2018.

La mitad de la población, 49% según el instituto Datafolha, siente vergüenza de ser brasileña y una gran parte desea emigrar. Los datos fueron recabados la misma semana que la mayoría absoluta de los diputados respaldaron al presidente Michel Temer para que no sea juzgado por el Supremo Tribunal Federal por corrupción.

Son los mismos parlamentarios que hace poco más de un año votaron por la destitución de Dilma Rousseff, acusada de que su Gobierno había maquillado las cuentas públicas. En el momento de votar, en abril de 2016, los diputados mentaron a Dios y a la familia, en la convicción de que el Gobierno del Partido de los Trabajadores era corrupto. Sin embargo, la presidenta nunca fue acusada de haber estado personalmente involucrada en la corrupción y el propio tribunal de justicia no le quitó sus derechos políticos.

Lo que sucede con Temer es bien diferente. Es el primer presidente de Brasil que fue denunciado por delitos penales. La Procuraduría General de la República lo acusa de haber montado un sistema para recaudar sobornos de los grandes empresarios. Uno de los elementos, no el único por cierto, es la grabación que le hizo el CEO de JBS, el mayor frigorífico del mundo, Joesley Batista, donde Temer muestra su involucramiento en la corrupción.

¿Cómo fue posible que los diputados salvaran a Temer cuando además de las denuncias de corrupción es avalado apenas por el 5% de la población del país y una mayoría aplastante quiere su renuncia? Vale recordar que hasta la influyente red Globo, la cadena de medios más importantes del país, pidió la salida del presidente.

Las respuestas no son sencillas, pero se relacionan con el apoyo que el empresariado sigue dando a Temer, a las enormes concesiones que hizo al sector del agronegocio y a la reforma laboral que echa abajo años de conquistas y abarata el costo de la mano de la mano de obra y, algo nada despreciable, a la enorme incertidumbre sobre quién podría sustituirlo en el cargo.

El politólogo Renato Lessa sostiene que en Brasil «existe una completa disociación de la representación política en relación al electorado», lo que hace posible que un presidente que tiene las menores tasas de aprobación de la historia y además es acusado por las máximas instituciones de corrupción, consiga «blindaje parlamentario» (“El País Brasil”, 3-8-2017).

Sin embargo, al igual que otros analistas, estima que el costo del triunfo de Temer en el parlamento «será terrible», porque implica «la degradación política y la emergencia de tipos políticos deplorables». Sólo recordar que la mayoría de los parlamentarios que votaron a favor de Temer están acusados también de corrupción.

Sobre la calidad ética y humana de los parlamentarios, cabe recordar que cuando votaron contra Dilma muchos justificaron su voto con declaraciones demenciales. «Por mi nieto», «por mi sobrina», «para evitar que los niños reciban clases de sexo en las escuelas», y hasta «por mi mascota», según recuerda el periodista Juan Arias. Ninguno llegó al nivel de oprobio del ultraderechista Jair Bolsonaro, quien ofreció su voto al coronel Ustra, que fue el torturador de Dilma Rousseff cuando estaba en prisión bajo la dictadura militar (1964-1985). Sin embargo, Bolsonaro cuenta con el respaldo del 20% de los brasileños que lo votarían para presidente.

Según Lessa la posibilidad de que Temer caiga es cierta, pero se debería a la inestabilidad fiscal de su Gobierno, que en el fondo fue lo que llevó al mercado financiero a promover la destitución de Dilma. La estabilidad fiscal es precisamente el «punto de quiebre» que las elites no están dispuestas a dejar pasar.

La segunda cuestión a tener en cuenta son las reformas regresivas aprobadas bajo el Gobierno Temer. La reforma laboral da preeminencia a la negociación directa e individual entre patrono y trabajador, permite dividir las vacaciones entre períodos y autoriza la «jornada intermitente», con el pago de salarios sobre una base horaria o por jornada, y no mensual, inutiliza el salario mínimo nacional, los pisos salariales por gremio y elimina la fiscalización del trabajo esclavo.

Para garantizarse el apoyo de la bancada del agronegocio, la más importante del Congreso, Temer congeló la cesión de títulos de propiedad a indígenas y descendientes de esclavos, disminuyó la protección ambiental de la Amazonia y legalizó la ocupación de tierras por especuladores.

Según el coordinador del Movimiento Sin Tierra, Joao Pedro Stédile, el Gobierno de Temer ya se terminó «pero su caída no se produce aún porque todavía la burguesía no encontró un nombre que pudiera representar la unidad del bloque propio, para ser electo de forma indirecta por el Congreso, y luego seguir adelante con las reformas contra el pueblo» (“Resumen Latinoamericano”, 2-6-2017).

El trasfondo de esta comedia es una brutal crisis económica que se arrastra desde 2013 sin que pueda verse luz al final del túnel. La población trabajadora se encuentra paralizada y con miedo a perder sus fuentes de ingresos. Los sindicatos están a la defensiva, atrincherados en la defensa de intereses corporativos pero sin capacidad ni voluntad de enfrentar las medidas del Gobierno, mientras los movimientos sociales están desorientados y paralizados.

Una muestra del estado calamitoso en que se encuentra el país es el reciente despliegue de 8.500 militares para asegurar el orden público en Rio de Janeiro, pese a la reticencia de las fuerzas armadas a participar en ese tipo de tareas. Se trata de un estado quebrado, que no puede pagar los salarios de sus funcionarios en fecha, que incluye a la Policía que ya ha realizado acciones de protesta. Algunos sectores de la Administración de la Ciudad Maravillosa acumulan tres meses sin recibir sus salarios.

China está haciendo pesadas inversiones en Brasil, aprovechando las ofertas que surgen de la crisis. Las estatales del país asiático se han posicionado en el sector eléctrico y se convirtieron en las principales inversoras en el país, desplazando a EEUU y a Canadá, y hasta a la propia burguesía brasileña.

En paralelo, algunas empresas estatales estratégicas, como Petrobras, están siendo desmontadas. Según denuncia el Congreso de la Federación de Petroleros, fueron vendidos casi 13.000 millones de euros en activos de la empresa y las inversiones en el período 2013-2016 se redujeron en un 75%, lo que afecta al futuro de una de las mayores petroleras del mundo (“Carta Maior”, 3-8-2017). También denuncia que se cortaron 55.000 puestos de trabajo en la empresa mientras los astilleros brasileños perdieron 50.000 empleados.

No pocos analistas estiman que la crisis actual dejará secuelas que demorarán muchos años en ser cicatrizadas. Sin embargo, la crisis económica está atada a la crisis política y no se va a solucionar hasta que el país no encuentra cierta estabilidad. Una eventual candidatura de Lula en las elecciones de 2018 encontrará un panorama de país bien complejo, ya que además de las crisis en curso no contará con aliados que le permitan gobernar, en el caso de que consiga vencer en las urnas y no sea encarcelado.