Son incontables las veces que Mariano Rajoy ha aseverado que «no habrá referéndum». Pero anteayer introdujo un nuevo matiz: «No puede haber referéndum, será otra cosa». El leve giro constata que el presidente español ya no ve tan seguro impedir el 1-0, y es que a la firme determinación catalana se le suma la obvia dificultad técnica. Si esta labor queda exclusivamente en manos de los cuerpos policiales españoles, puede darse directamente por irrealizable. Es una cuestión numérica pura y dura. Entre Policía española y Guardia Civil suman 8.700 efectivos. Tocan a tres por colegio, y eso en el caso de que el domingo fueran dedicados exclusivamente a esta labor.

Concretemos. Según datos oficiales, hasta la fecha había en las cuatro provincias catalanas 2.800 policías españoles y 1.900 guardias civiles. Se les suman 4.000 refuerzos enviados estos días (el despliegue se completa hoy), con lo que totalizan esos 8.700.

Por lo que respecta a los colegios electorales, su número es algo incierto dado que la persecución española no ha permitido difundir un listado completo y además secuestró las tarjetas censales que se iban a mandar a los domicilios. Lo que el president Carles Puigdemont puso en marcha desde su cuenta de Twitter es simplemente un sistema mediante el que cada persona puede consultar dónde le toca votar. En cualquier caso, en los anteriores comicios se abrieron 2.702 colegios, y cabe entender que la cifra actual será cercana, con la diferencia de que en algunos casos en vez de los colegios habituales habrá que recurrir a centros de salud, de jubilados...

8.700 policías españoles para 2.700 colegios sale a 3,2 por centro. Cada ausencia por el motivo que sea (enfermedad, otras funciones...) lo reduciría a dos en muchos casos. Para impedir que se emita cualquier voto, tendrían que emplearse además durante toda el día (las urnas abren de 9.00 a 20.00). Parece inviable; con ese contigente podrían sin duda bloquear algunos, pero no todos.

Esos tres efectivos por colegio deberían contrarrestar a 20 responsables de mesas (presidentes y vocales), que suman 55.000 en total, muchos de ellos voluntarios y, en consecuencia, muy implicados. Y sobre todo tendrían que hacer frente a un total de 5,5 millones de ciudadanos llamados a las urnas: 2.042 potenciales votantes por centro.

En un reportaje publicado por Jesús Rodríguez en ‘‘Directa’’ en el que ya anticipaba esta dificultad, se recordaba que según los criterios de gestión de orden público de la Generalitat un dispositivo de orden público necesita un despliegue mínimo de 50 agentes: seis furgonetas con un subinspector, dos sargentos, seis cabos y 40 policías.

Mossos y/o Ejército

Lo anterior explica la presión extrema ejercida por Madrid sobre los Mossos d’Esquadra. Impedir el referéndum sin su implicación directa y masiva resulta imposible. Necesitaría al menos que se encargaran del control de orden público en torno a los colegios electorales. Hay 17.000 mossos en la actualidad. Movilizando a todos ellos (algo más inverosímil aún porque dejaría a toda Catalunya sin policías), los tres efectivos españoles podrían encargarse del veto y habría seis agentes catalanes para protegerles.

El cuadro resultante seguiría dejando en situación muy precaria a los prohibicionistas, porque los nueve policías siguen quedando muy por debajo del estándar mínimo de 50 antes citado. Y ello sin tener en cuenta que los Mossos d’Esquadra, en todo o en parte, bien pueden regatear ese mandato.

Al Estado español le quedaría un plan C: movilizar al Ejército, que suma 120.000 efectivos según sus propios datos, con todo lo que ello implicaría de nuevo de deslegitimación en Catalunya y deterioro de imagen ante la comunidad internacional. A solo cinco días del 1-0, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, mantiene el discurso de que no se contempla una movilización de las Fuerzas Armadas españolas, pero a tenor de lo ya visto no cabe descartar por completo cualquier nuevo desembarco.

Lo ya probado es que el auténtico ejército está enfrente y es mucho más numeroso, además de pacífico: lo forman quienes quieren votar. El 9N de 2014 fueron 2,3 millones.