Tras más de dos años de lucha, con 370 jornadas de huelga, representantes de ELA y UGT firmaron ayer un acuerdo con las tres patronales de las residencias de Bizkaia que recoge las principales reivindicaciones planteadas desde el inicio del conflicto. Ante la sede del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) en Bilbo, donde se produjo la reunión, cientos de trabajadoras lo festejaron entre lágrimas y gritos de alegría mientras coreaban consignas como «la lucha la gana la gente que batalla» o «hemos resistido, lo hemos conseguido».

Antes de quitarse las camisetas verdes que han vestido para reivindicar sus derechos y de pasar el testigo a sus compañeras de las residencias de Gipuzkoa y del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de Bizkaia, recordaron lo que han tenido que batallar hasta lograr que se dignificaran sus condiciones de trabajo y también las de vida de las personas usuarias, no olvidándose del apoyo recabado de la asociación de familiares Babestuz. «Desde nuestra humildad, sinceramente, creemos que estamos escribiendo una página de la historia del movimiento sindical», manifestaron.

El nuevo convenio, que afecta a 5.000 trabajadoras, prevé un salario mínimo de 1.200 euros por 14 pagas en 2020 y 1.592 horas anuales en 2022, además de lograr las 35 horas semanales acompañado de mejoras en las coberturas de bajas y actualización de los pluses. Incidieron en que la reducción de la jornada supondrá que haya más trabajadoras en los centros, «mejorando así la calidad asistencial».

ELA, con su secretario general al frente, felicitó a las trabajadoras al considerarlas «un ejemplo de lucha en un conflicto duro y difícil», citando el decreto de servicios mínimos «abusivo» con «el único objetivo de desgastar a las huelguistas e invisibilizar el conflicto». UGT ensalzó también el compromiso de estas mujeres en lucha por mejorar sus condiciones laborales.

Las patronales Gesca, Elbe y Lares, que aseguraron que todas las partes «han tenido que ceder», les agradecieron «el abandono de pretensiones maximalistas en aras de alcanzar un acuerdo satisfactorio». Además, saludaron la actitud de las personas mayores y sus familias ante la situación que han tenido que afrontar, pidiéndoles disculpas. No faltó el agradecimiento a los profesionales que «se han esforzado por conseguir que el servicio se haya prestado con garantías».

CCOO hizo una valoración «menos optimista» de las condiciones que conocen del acuerdo, a la espera de analizarlo en profundidad para pronunciarse. «Se ha obviado la participación de los sindicatos diferentes a ELA», se quejaron. Desde LAB no avanzaron ninguna valoración respecto al acuerdo, señalando que lo estudiarán a fondo antes de establecer su postura.

Rementeria mantiene su «pasividad» ante un conflicto social

El diputado general de Bizkaia, que se alegró por el acuerdo entre empresas y sindicatos, mantuvo su postura de no implicarse de forma activa en la resolución de un conflicto que afecta a miles de familias de usuarios de las residencias, a las que se financia con dinero de las arcas forales.

«A la Diputación no se le puede exigir que resuelva conflictos que no son de su competencia, conflictos laborales que corresponde resolver a empresas y trabajadores», reiteró Unai Rementeria.