«¡Soy el próximo presidente de Honduras!». Arropado por su plana mayor, en la sede de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, su candidato, Salvador Nasralla, anunciaba en la medianoche del domingo al lunes que se consideraba ganador de las elecciones en Honduras. Lo afirmaba en base a los datos que sus militantes habían recabado de las actas físicas de cada colegio electoral, ya que ni su formación ni el Partido Liberal, también opositor, confían en los resultados que ofrece el Tribunal Supremo Electoral. Durante toda la campaña le han acusado de estar al servicio del Partido Nacional, que encabeza el presidente, Juan Orlando Hernández.

Nada más anunciar su triunfo, Nasralla convocaba a sus partidarios a marchar al día siguiente a Tegucigalpa. Una apuesta arriesgada, ya que en los últimos años se ha incrementado la militarización y el Partido Nacional aprobó recientemente una nueva «ley antiterrorista» que persigue especialmente las protestas sociales. «Estamos hartos de que abusen de nosotros, no podemos quedarnos en casa», clamaba Gustavo del Cid, un joven abogado que se dejaba los brazos enarbolando una bandera de Libre.

En ese momento, el TSE seguía sin decir nada, lo cual era motivo de rumores en un país donde la institucionalidad es tan débil que nadie cree en ella.

Poco después de la segunda autoproclamación de Nasralla, aparecía Juan Antonio Orlando para hacer lo propio. Daba la sensación de que el presidente estaba perdiendo la iniciativa. A las 19.30 se había anunciado ganador basándose en las encuestas a pie de urna, como es tradición. Cuatro horas después, hablaba de datos contabilizados, metiéndose en el terreno de juego marcado por los opositores. A pesar de ello, sus cifras no concordaban con las ofrecidas por el aspirante opositor y las que, de modo informal, llegaban desde los diferentes grupos de observadores desplegados en Honduras.

Así las cosas, daban las 2 de la madrugada con dos presidentes electos y sin datos oficiales, ya que la web donde se ofrece el recuento estaba caída. Ni siquiera la intervención del TSE relajó el pulso. Los magistrados, de los que desconfían los partidos opositores, anunciaban lo que horas antes parecía imposible: un triunfo por la mínima de la Alianza. En concreto, el 45,2% de los votos (855.847 papeletas) para la coalición de izquierdas contra el 40,2% del presidente (761.872 sufragios). Un miembro del TSE dijo a Telesur que los resultados eran irreversibles. A pesar de ello Hernández no se daba por vencido y afirmaba que en las actas que estaban por contar se hallaba su victoria.

En un país marcado por el golpe de 2009 y donde EEUU tiene una gran influencia desde hace décadas, la oposición no se fía. Gustavo Pacheco, maestro, afirmaba durante la celebración ante el Hotel Plaza Juan Carlos, donde se ubican las oficinas del TSE, que Juan Orlando Hernández todavía podía reaccionar, declarar un estado de excepción e imponer sus resultados.

Durante las últimas semanas, el rumor que se extendía entre la oposición es que el oficialismo cantaría victoria y sacaría los tanques a la calle. Por ahora este vaticinio no se ha cumplido, al menos en lo que a la represión se refiere. A las 14.00 (21.00 en Euskal Herria), la Alianza había convocado a sus partidarios a celebrar el triunfo.

Está por ver si el Gobierno saca a la Policía para reprimirlos o si recurre a sus propios seguidores. Al margen de ese sector que le apoya porque depende de él económicamente, las políticas securócratas y la religión (el evangelismo es uno de sus fieles aliados) hacen que el PN tampoco esté exento de apoyos.

Un sistema de clientelismo y compra de votos

La denuncia de fraude ha sido una constante por parte de la oposición durante toda la campaña. Iba más allá de protestar por la reelección de Juan Orlando Hernández, que la prohíbe el artículo 239 de la Constitución hondureña. No iban desencaminados.

A lo largo de la jornada pudieron comprobarse casos de compra de votos e intento de introducir sufragios en urnas. Por ejemplo, en un vídeo podía verse a un integrante del Partido Nacional pagar 300 lempiras por votante, a los que instruía sobre cómo sacar una fotografía al voto sin ser descubiertos.

Sin embargo, el sistema que funciona va más allá y tiene que ver con el clientelismo. Se trata de una estructura de control. Como en el barrio de El Pedregal, en Tegucigalpa, donde la carpa del Partido Nacional ubicada frente al colegio apuntaba con nombres y apellidos a los que se acercaban a pedir información. Mucha gente depende de empleos públicos por los que se paga la mitad del salario mínimo.

O el «acarreamiento» en Bellavista, donde a los ancianos se les llevaba en mototaxis para marcarles directamente el voto.

El argumento de los coordinadores de estas acciones era que ellos querían «apoyar» a los votantes, y no coartarles su libertad.

A pesar de esa maquinaria, la oposición está cerca de revertir ocho años de gobierno derechista.A.P.