El sindicato de transportistas autónomos de Euskal Herria ha tramitado reclamaciones por la compra de más de 280 vehículos por parte de 175 transportistas afectados por el caso del “cártel de camiones”, acuerdo ilegal por el que, durante el periodo comprendido entre los años 1997 y 2011, los fabricantes Scania, DAF, Daimler, Iveco, MAN y Volvo Renault fijaron los precios de venta de los vehículos de más de seis toneladas y, al mismo tiempo, retrasaron deliberadamente la introducción en el mercado de nuevas tecnologías para reducir las emisiones de gases contaminantes exigidas por las normas por las normas comunitarias de Euro 3 a 6.

Según informaron fuentes de Hiru a Europa Press, hay algunos afiliados que reclamarán dinero por más de un vehículo, así como otros que harán su reclamación económica por medios ajenos al sindicato.

El pasado mes de octubre, la Comisión Europea decidió imponer una multa de 880 millones de euros a Scania por participar en el cártel europeo de fabricantes de camiones. Esta sanción se añadía a la multa millonaria que Bruselas decretó el 19 de julio de 2016 contra DAF, Daimler, Iveco, MAN y Volvo Renault, que alcanzó en conjunto 2.929 millones de euros.

Scania fue la única firma que rehusó cooperar con la Comisión Europea a cambio de reducir las sanciones, mientras que MAN quedó exenta de la parte de la multa que le correspondía por haber sido la que confesó en primer lugar la existencia de estas prácticas mafiosas.

Por daños y perjuicios

Tanto el transportista autónomo como las empresas del sector pueden interponer una reclamación de daños y perjuicios contra los fabricantes por el sobreprecio pagado por los vehículos adquiridos durante el periodo comentado.

La indemnización puede suponer «entre un 10% y un 16% del precio del camión» y se puede reclamar aunque el vehículo haya sido vendido durante estos últimos años, según explicaron fuentes jurídicas.

El plazo para poder presentar este tipo de demandas finaliza el próximo 6 de abril, justo al cumplirse un año desde que se publicó en el Diario Oficial de la UE la decisión adoptada al respecto por Bruselas.