El primer ministro belga, Charles Michel, intentó ayer poner fin a la polémica que ha salpicado a su Gobierno en relación a los supuestas «torturas» que habrían sufrido los sudaneses expulsados de Bélgica a su regreso a Sudán comprometiéndose a impulsar entre sus socios de la UE el debate sobre el riesgo de ser torturados de los solicitantes de asilo a quienes no se les reconoce ese derecho al retornar a sus países de origen, y devolviendo así la pelota a Bruselas.

Michel asumió ese compromiso frente a los diputados durante una sesión en la que los grupos políticos debatieron la polémica creada por la devolución de migrantes sudaneses que denuncian haber sido torturados en su país. Durante la sesión parlamentaria, varios partidos, como los socialdemócratas y los democristianos francófonos, pidieron la dimisión del secretario de Estado de Inmigración y Asilo, Theo Francken, del partido flamenco N-VA, con quien Michel tiene previsto reunirse esta mañana para debatir su política de comunicación en torno a la política migratoria.

La coalición de centro-derecha en el poder ha estado en crisis desde que una ONG especializada en el Oriente Medio, el Instituto de Tahrir para Política de Oriente Medio, reveló que a finales de diciembre sudaneses expulsados de Bélgica fueron torturados a su regreso a Sudán. Los cuatro partidos que la integran han cerrado filas en torno a Francken.

La polémica tiene su origen en la invitación de Francken a las autoridades del país africano en setiembre para identificar a los migrantes a los que no se reconocía derecho al asilo. Desde esa visita se han realizado una docena de expulsiones.