El Tribunal Constitucional ha rechazado, por no apreciar «especial trascendencia constitucional», los recursos de amparo presentados por las JJGG de Araba y el Ayuntamiento de Gasteiz contra el archivo de la causa penal para la investigación y enjuiciamiento de las muertes del 3 de marzo de 1976 en el contexto de «crímenes contra la humanidad».

Al tiempo que daba cuenta de este nuevo portazo, la Asociación 3 de Marzo anunció ayer su intención de contactar con las instituciones impulsoras de las querellas y con abogados para, una vez agotada la vía judicial en el Estado español, «buscar justicia en instancias internacionales como puede ser el Tribunal Europeo de DDHH de Estrasburgo».

A través de un comunicado, la Asociación insiste en su empeño de «acabar con la impunidad que mantiene España y buscar la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición que la legislación internacional reconoce para todas las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y que el Estado español nos niega».

La Asociación 3 de Marzo tilda de «sorprendente, insólito y vergonzante» que el TC dicte «una providencia inmotivada y estereotipada», para negar «especial trascendencia constitucional» a un recurso de amparo que es «la aplicación directa del Derecho Penal Internacional, el principio de legalidad internacionalmente reconocido, la imprescripción de acciones criminales que pudieran tipificarse como delitos de lesa humanidad y su conexión con el derecho a la tutela judicial efectiva».

«Desamparo de las víctimas»

La negativa del TC lleva a la Asociación a dar por constatada, nuevamente, «la falta de voluntad del Estado español para cumplir con las obligaciones internacionales contraídas en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, generando un profundo desamparo a las víctimas de las graves violaciones de esos derechos que acontecieron en Gasteiz el 3 de marzo de 1976».

Pese la decisión del TC, la Asociación asegura que seguirá «impulsando las acciones correspondientes, incluyendo las instancias internacionales oportunas, para que de una vez por todas el Estado español reconozca el derecho de acceso a la Administración de Justicia y el derecho a la tutela judicial efectiva a las víctimas de la represión feroz ejercida por la dictadura franquista». Añade que no pararán «hasta que los juzgados y tribunales del Estado español comiencen a dictar resoluciones acordes con el Derecho Internacional tanto en el ámbito penal como de DDHH».