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La batalla judicial contra el IRPH se retoma para que el TJUE tenga la última palabra

Después de que el Tribunal Supremo español validara el IRPH como referencia para los contratos hipotecarios, las asociaciones de usuarios esperan que el Tribunal de Justicia de la UE corrija esta situación.

Asufin ha interpuesto una demanda colectiva contra la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), participada al 50% por Banco Santander, por la comercialización de hipotecas ligadas al Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH), según informó ayer en un comunicado. Se trata de una de las primeras demandas por este motivo que se interponen tras el pronunciamiento del Tribunal Supremo que considera que la referenciación de un crédito hipotecario a este índice no implica necesariamente falta de transparencia ni abusividad.

El posicionamiento del TS se produjo a raíz de que, tras una denuncia respaldada por la plataforma IRPH Stop contra Kutxabank, la Audiencia Provincial de Araba fallara a favor de un usuario que contrató una hipoteca en el año 2014. El juzgado alavés falló a favor de esta persona al asumir la «falta de transparencia» y el carácter «abusivo» tanto del índice de referencia principal como del sustitutivo. El banco vasco recurrió esta resolución, que fue revocada por el Alto Tribunal español el pasado mes de diciembre.

La Asociación de Usuarios Financieros solicita que el juzgado a quien corresponde resolver la nueva demanda eleve una cuestión prejudicial frente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que este se pronuncie sobre el carácter abusivo del IRPH, como ocurrió con las cláusulas suelo y con las hipotecas multidivisa.

Asufin recuerda que dos magistrados de Sala Civil del Tribunal Supremo, Javier Orduña y Francisco Javier Arroyo, emitieron un voto particular en el que afirmaban que la cláusula de referenciación al IRPH «no se ajusta a los parámetros y contenido que la doctrina jurisprudencial del TJUE ha establecido para proceder, correctamente, a la aplicación del control de transparencia».

«Ante la ambigüedad del pronunciamiento del Supremo», Asufin quiere que el TJUE determine si esa decisión «supone garantía suficiente para los derechos de los consumidores bancarios españoles», según comentó al respecto la presidenta de Asufin, Patricia Suárez, en declaraciones recogidas por la agencia Europa Press.