«Todavía, a ciencia exacta, no se sabe el procedimiento por el cual aquellas urnas han podido llegar». El ministro español de Interior, José Ignacio Zoido, reconoció ayer, tras cifrar en 87 millones de euros el coste total del despliegue policial en Catalunya, que todavía no sabe cómo fue posible que, la mañana del 1 de octubre de 2017, más de 6.000 urnas apareciesen en los colegios electorales de Catalunya para la celebración del referéndum de autodeterminación.

La comparecencia del ministro ante la comisión de Interior del Senado, ante la cual debía explicar el operativo policial desplegado los últimos meses en Catalunya, dejó numerosos titulares, empezando por el nombre mismo de la operación: Copérnico. En su día se explicó por el origen polaco del científico que repuso al sol en el centro del sistema planetario, y aunque ayer Zoido trató de hilar algo más fino, el relato no le acabó de cuadrar: «Todo lo que se pretendía era propiciar en Catalunya un giro copernicano en el sentido de volver a la ley y que el Estado de Derecho fuera el que se impusiera, no los partidos políticos, que los ponen los electores».

Cargas «proporcionadas»

Pese a que las imágenes de la Policía española y la Guardia Civil rompiendo puertas de colegios, lanzando patadas voladoras a gente concentrada o disparando balas de goma prohibidas por el Parlament de Catalunya dieron la vuelta al mundo en los días posteriores al 1-O, Zoido no tuvo reparos en calificar la actuación policial de «legítima, profesional y proporcionada», esgrimiendo para ello el aval de la Fiscalía.

Zoido sostuvo la justificación explicando que el 1-O se dieron «acciones organizadas, premeditadas, con reparto de roles, protagonizadas por personas que habían sido seleccionadas entre las más radicales, activadas para ese día concreto y que habrían acudido con el objetivo expreso de impedir el acceso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y no meramente de votar en el referéndum».

Es más, Zoido aseguró lamentar «como el que más» el hecho de que hubiera heridos, pero añadió que «sin duda los responsables fueron quienes con un comportamiento arbitrario, irresponsable e ilegal generaron un clima de crispación y desobediencia». Es decir, la culpa es de los heridos. La idea la explicitó con el caso de Roger Español, que ha perdido la visión completa de un ojo debido al impacto de una bala de goma recibida el 1-O: «Hay imágenes en las que se ve que precisamente la persona que tiene la lesión es la que arroja unas vallas contra los furgones policiales».

Una «expresión de la calle»

Otro de los pequeños titulares que dejó la comparecencia fue la consideración de que la expresión «¡A por ellos!» que se pudo escuchar en muchas de las despedidas de policías y guardias civiles que se dirigían a Catalunya entra en el marco de lo que el ministro consideró «expresiones de la calle». Quitar hierro a los asuntos más espinosos –como la lluvia dorada de los policías de Calella, que mearon a los que protestaban por su presencia, tal y como recordó el senador de EH Bildu Jon Iñarritu– fue la tónica general seguida por Zoido, que resumió su opinión en una frase: «No hay nada que perdonar y mucho que agradecer».

De hecho, el ministro contrapuso la actuación de la Policía española a la de los Mossos y su mayor, Josep Lluís Trapero, a quien acusó de «inacción». «Con carácter general, su actitud fue de absoluta pasividad y nula colaboración ante la actuación de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil», aseguró.

6.000 agentes

Aunque los aspectos operativos de la actuación de los cuerpos dependientes de Interior sigue siendo materia reservada, Zoido dio ayer algunas cifras nuevas. Por ejemplo, informó de que la “operación Copérnico” contó con un despliegue continuado de 4.500 agentes, que llegaron a 6.000 en el momento álgido. Se suman a los 6.000 agentes presentes en Catalunya de ordinario, por lo que fueron un total de 12.000 los que se pulieron 87 millones de euros en el estéril esfuerzo de frenar el 1-O.

Un dineral que multiplica por 14 los 6,2 millones que, en su día, la Generalitat presupuestó para organizar el 1-O y sobre el que, ni corto ni perezoso, Zoido remató: «Es una cantidad muy importante de dinero, otro alto coste que tenemos que pagar entre todos los españoles debido a la irresponsabilidad y obstinación del Gobierno independentista de Catalunya».

La Fiscalía belga avisó a España que la euroorden sería rechazada

El abogado belga que defendió a Carles Puigdemont y los consellers exiliados asegura en una entrevista con “La Directa” que España retiró la euroorden contra los cinco cargos públicos catalanes «una vez entendieron que perderían el caso». Según Bekaert, la advertencia a la Fiscalía española llegó por parte de sus homólogos belgas que, aunque defendían la extradición, hicieron saber a su contraparte española que los tribunales belgas difícilmente accederían a entregar a Puigdemont y el resto de consellers.

«Si el Parlamento flamenco hubiese organizado un referéndum sobre la independencia de Flandes y, consecuentemente, la hubiese proclamado y ejecutado, ni con todos los esfuerzos del mundo podrías meter a los ministros en la cárcel», añade un Bekaert para el que «cuando se trata de la unidad de España, Franco sigue vivo».B. Z.