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La propuesta de Báñez provoca desconfianza y llamadas a negociar

La propuesta de la ministra Fátima Báñez para introducir variables en el cálculo de las pensiones ha provocado la reacción de agentes sociales y políticos. Sin que se conozca el planteamiento del PP en profundidad, la desconfianza predomina entre quienes abogan por revertir los efectos negativos de las últimas reformas, especialmente por lo que respecta a la pérdida de poder adquisitivo. Muchos coinciden en la llamada a la negociación en el Pacto de Toledo.

Nadie dudaba de que la subida de las pensiones en un 0,25% iba a provocar la movilización de los afectados, pero ha sido el Gobierno Rajoy el que, a través del globo sonda lanzado por la ministra de Empleo y Seguridad Social, parece que ha tomado la delantera a quienes demandan cambios para su revalorización.

UGT y CCOO pidieron ayer, a las puertas del Congreso, que se reúna la Mesa de Diálogo Social para abordar la última propuesta de Fátima Báñez, cuyo fondo desconocen. En Euskal Herria, ELA y LAB apuntan a que tras la maniobra del PP hay otro paso en el recorte de las pensiones.

«Es seguramente el séptimo u octavo anuncio de medidas de mejora en el sistema de pensiones que se hace a los medios y no se concretan», manifestó el responsable de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, que demandó «equilibrar la situación financiera de la Seguridad Social con medidas claras y contundentes de ingresos que tienen consenso suficiente».

Bravo, que participó en una movilización en Madrid junto a cientos de pensionistas, recordó que una medida similar a la planteada por Báñez «ya está en vigor», pues actualmente se elige pensión en función de los últimos 21 o 25 años cotizados, pero que esa medida fue pactada. «Ese es el camino, y no anunciar cosas que luego no se cumplan», argumentó.

Desde Córdoba, el secretario general de CCOO manifestó que el planteamiento de la ministra «tiene unos efectos económicos de mucho más gasto, que mejorarían quizá el sistema, pero no me lo creo». Unai Sordo abogó por mejorar la estructura de ingresos del sistema y revertir la actual reforma de pensiones.

En este sentido, pidió seriedad y que se ponga fin a las «ocurrencias con las pensiones», porque «España puede mantener un sistema fiable y sostenible de pensiones si mejora la estructura de ingresos», y si gasta «un 15% de lo que produce cada año en pensiones en las próximas dos décadas». «Se trata de ingresar entre 35.000 y 40.000 millones de euros en las próximas dos décadas, y eso es perfectamente posible si se mejora la estructura de ingresos, y es lo que pagan hoy en pensiones países como Francia o Italia. No es ninguna utopía, sino cuestión de voluntad política», apostilló.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, abogó a su vez por permitir a los trabajadores con largas carreras de cotización que puedan escoger sus 25 mejores años de cotización, sean consecutivos o no, a efectos del cálculo de su pensión.

En declaraciones a RNE, el líder de UGT señaló que para su sindicato, que ya realizó esta propuesta en 2011, sería «justo y razonable» que los trabajadores con un historial de cotización de 39 o 40 años y que en sus últimos años de vida laboral se hubieran quedado en el paro o tuvieran un empleo precario pudieran elegir sus mejores años de cotización para que se les calculara la pensión.

A Álvarez le dio la sensación de que la ministra de Empleo estaba hablando de esto mismo en su intervención del lunes en TVE, pero cree que ha faltado seriedad y que las propuestas «no pueden hacerse en un plató de televisión», sino por escrito y en los foros correspondientes: el Pacto de Toledo y la Mesa de Diálogo Social sobre pensiones.

El PP detalla su proposición

La propuesta que el PP ha llevado al Pacto de Toledo sobre el periodo de cálculo de la pensión consiste inicialmente en la posibilidad de que trabajadoras y trabajadores que quieran jubilarse y hayan completado su carrera de cotización puedan elegir, voluntariamente, descontar sus peores años de cotización a efectos del cómputo de la pensión, según precisaron fuentes del Ejecutivo a Europa Press.

Las mismas fuentes señalan que se trata de una propuesta completamente abierta a la negociación y para su debate en el Pacto de Toledo, que es el que debe concretar el número de años que podrían descontarse del periodo de cálculo o si se elige una fórmula distinta a ésta.

El portavoz del PP en el Pacto de Toledo y exsecretario de Estado de la Seguridad Social, Gerardo Camps, explicó que esta propuesta se realizó la semana pasada con carácter informal para su debate y reflexión, y que va en línea con la Recomendación número 11 del Pacto de Toledo de ir ampliando el periodo de cálculo de la pensión a toda la vida laboral.

«Hay colectivos muy importantes de trabajadores con largas carreras de cotización que en sus últimos años han tenido sus peores cotizaciones. Entendemos que esos trabajadores podrían descartar dos, tres, cinco años de cotización», señaló Camps, que precisó que, de salir adelante en el Pacto de Toledo, esta medida sería para todos.

En aplicación de la reforma de 2011, la pensión se calcula este año en función de las bases de cotización de los 21 años inmediatamente anteriores al mes previo al de la jubilación. Esta cifra irá subiendo a razón de un año por ejercicio, de forma que en 2022 se tendrán en cuenta los 25 años de cotización anteriores a la jubilación. Según Camps, una vez se haya llegado a esos 25 años, se deben seguir teniendo en cuenta los esfuerzos de cotización que hacen los trabajadores durante toda su vida laboral, en aras al cumplimiento de la Recomendación número 11.

La legislación permite que los trabajadores de más edad expulsados prematuramente del mercado laboral, incluidos los autónomos, puedan optar por la aplicación de un periodo de 25 años para el cálculo de la pensión si ello les resulta más favorable.

Camps indicó que en la mayor parte de los estados del entorno se tiene en cuenta toda la vida laboral, o prácticamente toda, para calcular la pensión y se dispone de un sistema de elección o descarte de años, siempre que la carrera de cotización haya llegado a lo exigido para poder jubilarse a la edad legal, normalmente entre 35 y 40 años.

Este año los que quieran jubilarse con el 100% de la pensión tendrán que tener 65 años y seis meses cumplidos. Esta será la edad que se exija para quienes acrediten menos de 36 años y seis meses de cotización. Quienes acrediten más, podrán jubilarse a los 65 años con el 100%. Para 2027 se pedirán 38 años y seis meses o más de cotización a quienes quieran jubilarse a la edad de 65 años con la pensión completa. Para quienes acrediten menos de esos 38 años y seis meses, se les exigirá tener 67 años cumplidos para poder jubilarse con toda la pensión.

LAB defiende un sistema propio de protección social

LAB aboga por construir, a través de un nuevo estatus, un sistema propio de protección social frente a las políticas neoliberales que, en su opinión, ponen las pensiones en riesgo. El sindicato considera que la última «ocurrencia» de la ministra Fátima Báñez no resuelve la amenaza «permanente» de endurecer el acceso a una pensión digna y reducir su cuantía.

LAB reivindica que sean vascas y vascos quienes decidan sobre sus pensiones, para lo que su secretaria general, Garbiñe Aranburu, volvió a reclamar un nuevo estatus que recoja la plena capacidad normativa en protección social. «Hablamos de la posibilidad de crear un sistema público de Seguridad Social y de protección social construido desde la participación social», precisó.

Aranburu denunció que hay «falta de voluntad y de iniciativa política» para defender las pensiones, incidiendo en la importancia que tienen. «No tenemos capacidad legislativa ni competencias para regular las pensiones ni las relaciones laborales. En el Estatuto de Autonomía se recoge el derecho a la gestión de la Seguridad Social; el Amejoramiento de Nafarroa, ni siquiera eso», censuró.

Para Aranburu ya no vale con reivindicar competencias. «No queremos gestionar lo que decide Madrid, no queremos gestionar la raquitización del sistema público de pensiones, no queremos gestionar el empobrecimiento de las y los pensionistas», insistió.

Bea Martxueta, secretaria de Política Social, advirtió de que las medidas que plantea el PP van a castigar aún más al sistema buscando su privatización. «La destrucción del sistema público de pensiones no se debe a un problema de insostenibilidad, es una decisión política. La insostenibilidad –aclaró– no tiene nada que ver con la evolución demográfica».

Incidió en que lo que hace «inviable» el actual sistema son las políticas neoliberales que se están aplicando y el interés que existe por debilitar lo público para engordar aquellos planes de pensiones vinculados a la banca y los seguros. Defendió que la principal medida para fortalecer el sistema es apostar por el empleo de calidad y mejorar los salarios. «Esto garantiza una pensión digna a quien está trabajando y aumenta las cotizaciones posibilitando unas pensiones más dignas. Y, cómo no –apostilló Martxueta–, hay que hablar de la financiación, de cuál es la aportación que hacen las empresas vía cotizaciones o vía fiscal». A.G.

Declaraciones

«La ocurrencia no va a arreglar absolutamente ningún problema, ni de los pensionistas actuales ni de los futuros»

BEA MARTXUETA

LAB

«España puede mantener un sistema fiable y sostenible de pensiones si mejora la estructura de ingresos»

UNAI SORDO

CCOO