En Centroamérica, «La Embajada (norteamericana, se entiende)», sigue siendo un ente todopoderoso. Con Washington como garantista del líder del Partido Nacional y sin un plan más allá de protestas callejeras que no llegan a desbordar al Ejecutivo, poco puede hacer la oposición ante un oficialismo que controla todos los resortes del poder en Honduras. El 27 de enero, Hernández tomará posesión para «cuatro años más», como cantaban sus fieles en los actos de partido. A sus rivales solo le queda tratar de sostener en el tiempo una desigual batalla en la calle y mantener la cohesión interna. Por delante, una legislatura en la que el presidente profundizará en su deriva autoritaria.

El caso hondureño es muestra de que la atención y efectividad de la «comunidad internacional» tienen diversos grados dependiendo de quién sea el señalado. Basta con comprobar la diferencia entre la escasa atención prestada a Honduras y la sobreexposición de la crisis venezolana meses atrás. Tampoco nos hagamos trampas al solitario. No se puede comparar la importancia geoestratégica de la principal potencia petrolera del mundo y símbolo del modelo bolivariano respecto a un país centroamericano cuya principal exportación es la mano de obra irregular en Estados Unidos. Sin embargo, que se analizan con lupas diferentes es un hecho.

Todos los actores implicados sabían que el 26 de noviembre se estaba preparando un fraude. Es más, los activistas de la Alianza de Oposición contra la Dictadura ya vaticinaban cómo iba a perpetrarse: a través de un apagón en el sistema que revirtiese las tendencias. Lo mismo que ocurrió en 2013, cuando Hernández se impuso a Xiomara Castro, candidata de Libre. A pesar de las reiteradas denuncias antes y durante el proceso electoral, se cumplió el vaticinio. Nasralla iba por delante en el recuento hasta que el sistema cayó. Cuando regresó, Hernández comenzó a remontar. Todos sabían qué iba a ocurrir y nadie hizo nada para impedirlo.

Cabe preguntarse cuál es el objetivo de misiones de observadores como la de la OEA o la Unión Europea. Certificaron que los comicios no se desarrollaron de forma limpia, constataron la compra de votos, el modelo clientelar y la modificación de actas, además del hecho escandaloso de que se cayese el sistema durante el conteo. Pese a ello, ninguna institución ha sido capaz de frenar el proceso. El ente que dirige Luis Almagro llegó a sugerir la repetición de elecciones, pero el rechazo de la oposición a nuevos comicio y el aval de EEUU a la vitoria de JOH (como es conocido popularmente el presidente) dejaron a esta propuesta sin oxígeno.

En este contexto, la estrategia de la Alianza resulta también difícilmente explicable. Desde el primer momento se negó a celebrar otras elecciones, pese a denunciar un fraude masivo y de que, en una nueva cita, una alianza con el menguante Partido Liberal le garantizaba el triunfo. Comenzó pidiendo el recuento de más de 4.000 mesas y terminó exigiendo una comisión internacional que avalase el resultado de noviembre. Al final, daba la sensación de que lo que Nasralla estaba diciendo es que las elecciones habían sido tramposas y solo aceptaba el resultado si le daba ganador a él. Que el 22 de diciembre anunciase que abandonaba la Alianza y cuatro días después reculase y volviera a ponerse al frente solo añadió confusión a un bloque opositor con dificultades para encontrar un punto coherente entre los mensajes voluntaristas de cara a la galería y una realidad mucho más adversa.

Sin más estrategia que mantener una agenda de protestas que terminan en choques con la Policía Militar de Orden Público, la oposición tiene ante sí un poco halagüeño panorama. Entre el 20 y el 27, cuando Hernández tomará posesión, está convocada una huelga. A partir de ahí, Nasralla y José Manuel Zelaya, líder de Libre, tendrán que fijar una hoja de ruta. Nasralla asegura que, desde ese momento, las leyes no tendrán vigencia. Su problema es que para lanzar proclamas de este tipo y mantener la credibilidad es imprescindible ser capaz de cumplirlas. En realidad, el contexto se parece mucho a los meses posteriores al golpe de Estado de 2009, con la oposición en la calle viendo cómo las protestas languidecían y la derecha afianzada en el poder y con todo a su favor.

El oficialismo ya ha comenzado su venganza. Por un lado, con la depuración de todos los mandos policiales que se sumaron a la huelga de «brazos caídos» que determinados cuerpos llevaron a cabo a principios de enero. Por otro, con la criminalización de las protestas. Organizaciones de derechos humanos han contabilizado al menos 34 muertos desde el 26 de noviembre y más de 800 detenidos. Por delante, cuatro años en los que Hernández profundizará en su receta: autoritarismo, securocracia, clientelismo, corrupción y barra libre para las empresas transnacionales que se instalen en Honduras