El toma y daca entre el Estado español y el candidato más votado del independentismo, Carles Puigdemont, cada día se torna más kafkiano. Por segundo día consecutivo, Madrid no tuvo reparo alguno en evidenciar que actualmente no tiene como prioridad encarcelarle sino impedir su investidura. No se pueden entender de otro modo las palabras del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido («vamos a procurar que no entre oculto ni en un maletero»), ni las paralelas actuaciones emprendidas en fronteras como la del valle de Aran, donde hace tres días se registran todos los vehículos que la cruzan.

Se repite así lo ocurrido la víspera con el inefable auto del juez del Supremo Pablo Llarena, que en una acción que muchos ven prevaricadora se negó a promover su detención en Dinamarca alegando que eso sería lo que desea Puigdemont. El Gobierno del PP lógicamente debiera querer también arrestarle y después encarcelarle, pero en su subconsciente pesa más otro temor: que consiguiera llegar al Parlament y salir de allí investido president.

Parece de película, pero es real en boca de Zoido: «El límite territorial de Cataluña con Francia es muy extenso, hay muchos caminos rurales por los que se puede entrar en helicóptero, por ultraligero o por barco», dijo en Antena3. Y se quejó de que Puigdemont «está instalado en una irresponsabilidad que llega a límites insospechados». Para el ministro español, lo lógico sería «que venga y se entregue, para recuperar así la normalidad cuanto antes».

En este paseo por el surrealismo, quizás Zoido sueñe con que Puigdemont se ponga él mismo las esposas, o que acceda a besar la bandera española, «hazaña» viral que logró en el aeropuerto danés un youtuber español. El líder catalán no cayó en la provocación que se le tendía y la burla acabó volviéndose contra sus instigadores al reflejar el problema de fondo: el afán español de imponer su identidad a Catalunya «con dos cojones», como empieza la grabación del joven.

La declaración de Zoido sucedió a un movimiento matinal de Puigdemont que reabría la puerta a un eventual retorno: la retirada de la petición de delegación de voto para la investidura, que en realidad no prejuzga nada y es reversible. En la misma dirección fue una declaración posterior en el Parlamento de Dinamarca, sede oficial en la que el prófugo de la Justicia española entró y habló sin problema alguno: «¡Qué mejor signo para la restauración de la democracia que yo pudiera volver sin ningún riesgo!», ofreció de modo retórico. No era nada nuevo en esencia, puesto que Carles Puigdemont siempre ha puesto como plan A un retorno con garantías, pero sí suficiente para poner en guardia máxima a todos los poderes del Estado.

En esta situación muy abierta a cualquier desenlace, Puigdemont y el resto de consellers en el exilio reciben hoy en Bruselas al president del Parlament, Roger Torrent, que acude allí para sondear cómo convocar la investidura. La fecha seguramente se sabrá mañana, cuando está citada la Mesa del Parlament.

Torrent aclaró que se paga el viaje de su bolsillo ante la amenaza del PP de imputarle «malversación».