Gorka Martija y Júlia Martí
Observatorio de Multinacionales en América Latina - OMAL
KOLABORAZIOA

Euskadi Basque Country 2020, ¿auzolan empresarial?

El pasado 24 de enero el lehendakari Urkullu presentó en el Palacio Euskalduna la estrategia Euskadi Basque Country 2020, afirmando que «la internacionalización es un bien común que nos beneficia y nos necesita». Una frase que representa perfectamente el espíritu del acto, en el que, con la plana mayor del ejecutivo vasco y entorno a 300 asistentes, se consolidó la imagen de la internacionalización como estrategia indiscutible. Un objetivo para el que todo el país debe remar en la misma dirección.

La internacionalización se sitúa, por tanto, como reto prioritario del Gobierno Vasco, así como de las demás instituciones vascas. Una internacionalización que, a pesar de envolverse en una narrativa genérica, sigue teniendo a la empresa como eje central. En este sentido, el Gobierno Vasco ha asumido con fervor el discurso de enaltecimiento de las virtudes de la penetración empresarial en mercados internacionales, siendo hoy un exponente destacado y activo de este paradigma neoliberal.

Esta apuesta tomó fuerza a raíz de la crisis de 2008, cuando se extendió la idea de que llegar a otros mercados y atraer inversiones extranjeras era la vía para salir de la situación, iniciando un nuevo ciclo de crecimiento económico sobre la captura de mercados y el aumento del beneficio empresarial. Siguiendo este hilo, desde el Gobierno Vasco se ha ido concediendo una importancia cada vez mayor a esta idea, sobre todo con el Lehendakari Urkullu, que ha avanzado en la sistematización e integralidad de esta política.

Un elemento fundamental ha sido el impulso de la marca Basque Country, construida sobre el imaginario de la «vasquidad», plagada de referencias a una cultura singular y a principios compartidos como el valor de la palabra dada, la cultura del esfuerzo y el compromiso. Ahora bien, un análisis más profundo refleja que, si bien formalmente es una herramienta dirigida a todos los sectores y manifestaciones de existencia de la sociedad vasca, lo cierto es que la principal destinataria de la marca Basque Country es la empresa.

Este es un rasgo compartido con las marcas-país que operan en otras latitudes: poner una determinada cosmología comunitaria y popular al servicio de lógicas en pro del aumento del beneficio empresarial. Es decir, la confusión deliberada de lo común y lo particular. Una confusión que también acaparó los discursos de presentación de la nueva estrategia, en la que se mezclaron conceptos como «bien común», «auzolan» o «desarrollo sostenible». En un intento de dar una imagen positiva de la internacionalización, que olvida sus consecuencias negativas al tiempo que se dan por supuestos unos presuntos beneficios compartidos.

En consecuencia, podemos decir que la integridad de esta política se construye sobre una base neoliberal, que hace de la competitividad, la rentabilidad y la captura de mercados por parte de empresas vascas su eje neurálgico, sobre la discutible premisa de que, en última instancia, revertirá sobre el conjunto de la sociedad mediante la creación de empleo por parte de estas empresas internacionalizadas.

Esto queda de manifiesto tanto en la nueva estrategia Euskadi Basque Country 2020 como en la naturaleza de los instrumentos que aterrizan sobre el terreno sus lineamientos generales. Por ejemplo, en los programas subvencionales –ayudas a la exportación, a la implantación permanente en el exterior mediante la apertura de filiales, a la participación en licitaciones internacionales, a la labor internacional de clústeres–, la rentabilidad empresarial rige como vector único de actuación de la administración.

De la misma manera, las diferentes vías de diplomacia eco nómica –misiones político-empresariales a terceros países, alianzas público-privadas con las Cámaras de Comercio, interlocución con administraciones foráneas por parte de la red de oficinas del SPRI, etc.– también priorizan la rentabilidad empresarial, dejando al margen criterio alguno que contemple cuestiones como derechos humanos, laborales y sindicales, impactos medioambientales y sobre los derechos de las mujeres, tanto aquí como en los países a los que se dirige esta actividad empresarial vasca internacionalizada.

En este sentido, resulta ilustrativa la selección de países prioritarios para el despliegue de esta estrategia, con localizaciones como los países del Golfo o los de la Alianza del Pacífico (México, Colombia, Chile, Perú), sin tomar en consideración en ningún momento las graves violaciones de derechos humanos que en muchos de ellos se viven, y elevando el mantra de la «seguridad jurídica» de las inversiones a categoría incuestionable.

Por tanto, podemos decir que si bien a nivel discursivo parece que la nueva estrategia del Gobierno Vasco se hace eco de demandas de las organizaciones sociales, como la necesidad de impulsar un desarrollo sostenible y una proyección internacional que asuma los retos globales y no contribuya a generar más pobreza y desigualdad, en realidad el eje central sigue siendo la promoción de los intereses empresariales. Nos parece, por tanto, que adaptar la narrativa sin asumir compromisos reales –que garanticen que las políticas del Gobierno Vasco no contribuyen a la vulneración de derechos humanos, la pérdida de derechos laborales y sociales o a ampliar los impactos ambientales–, hace un flaco favor al impulso de una mayor coherencia de políticas públicas.