A poco más de 24 horas para la sesión de investidura en el Parlament de Catalunya, las incógnitas siguen marcando el escenario. Durante los últimos días una de las principales preguntas era si el único candidato a president, Carles Puigdemont, acudiría a la sesión de Parlament o si se buscaría una fórmula telemática para su investidura. La duda quedaba ayer disipada, en parte, con el anuncio de que el candidato en el exilio pedirá autorización judicial para acudir al Pleno.

La decisión venía tras el pronunciamiento la víspera del Tribunal Constitucional, que ante el recurso presentado por el Gobierno español resolvió que prohibirá la sesión de mañana si el candidato a president no está presente. Y añade otra condición: Puigdemont deberá contar con autorización judicial.

Ante esta situación, en las próximas horas el único candidato a president de la Generalitat pedirá autorización al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, según anunció ayer el diputado de JxCat Josep Rull en una entrevista ofrecida Catalunya Ràdio. Habrá que ver cómo se resuelve la petición y qué ocurre si finalmente Puigdemont decide volver a Barcelona.

Rull calificó la decisión del TC como una «bofetada con la mano plana en la cara de Soraya Sáenz de Santamaría» porque esta pretendía evitar por todos los medios la investidura de Puigdemont, al tiempo que criticó las medidas cautelares que impone la resolución del Constitucional. Destacó que está «fuera de lo que es la base de un ordenamiento jurídico previsible, sólido y homologable en términos europeos». Algo que, remarcó, «supone un nuevo paso hacia la demolición del estado de derecho en España».

Alertó asimismo de que, a su juicio, el Gobierno ha presionado a todos los poderes para evitar la investidura de Puigdemont y, al igual que insinuó en Twitter el propio Puigdemont, sostuvo que la vicepresidenta del Gobierno debería dimitir «si tuviera una chispa de dignidad política».

Cierre de filas

A la espera de la respuesta del Supremo, desde las filas de JxCat descartaban ayer presentar cualquier candidato que no sea Puigdemont. «No hay plan B a la democracia. El plan B es más democracia», declaró su portavoz, Eduard Pujol. «El próximo martes asistiremos al pleno de investidura del president Puigdemont. El plan A es la democracia, el plan B es la democracia. El plan A es Carles Puigdemont y el plan B a la investidura es Carles Puigdemont», sentenció.

Para Pujol, la resolución del TC supone «mantener en libertad condicional preventiva y vigilada a la democracia», y añadió que «cualquier democracia adjetivada no es democracia»

La también diputada de JxCat Gemma Geis informó de que su formación estudia presentar un recurso jurídico contra la decisión del Tribunal Constitucional y que tiene las «vías abiertas» a acudir al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo.

«Reiteramos el convencimiento de que en Catalunya decidimos los catalanes. En ningún caso lo hace ningún tribunal, por muy Constitucional que sea», afirmó Pujol.

Quien por el momento no se ha pronunciado es el president del Parlament, Roger Torrent. A la espera de su respuesta, Pujol confió en que «actuará de acuerdo con la legitimidad de su cargo» y «hará aquello que sea necesario para proteger los derechos de los diputados».

Entretanto las filas de ERC avalaron la candidatura de Puigdemont. Su portavoz, Sergi Sabrià, aseguró en referencia a la resolución del TC que «ahora que el embate es más feroz que nunca, queda más claro que Puigdemont ha de ser nuestro candidato, el de Junts per Catalunya, el de ERC, de la CUP y de todos los demócratas».