«Las familias que fueron desahuciadas antes del 2013 sin defensa alguna y que, además de perder la vivienda arrastran deudas impagables, pueden reclamar sus derechos en los juzgados». Así lo indicó ayer Stop Desahucios Euskadi, que convocó una concentración frente al Palacio de Justicia de Donostia para informar de la decisión de dos juzgados que han estimado las denuncias interpuestas por dos mujeres que perdieron sus casas antes de 2013, «tiempo en que la legislación española no contemplaba la posibilidad de oponerse a las cláusulas abusivas y que fueron desahuciadas por Vital Kutxa y el BBVA».

En una rueda de prensa, explicaron que las sentencias, emitidas por juzgados de Gasteiz y de Donostia, «viene a confirmar el derecho que asiste a Olga y Marian –nombres de las denunciantes– para defenderse de aquellas cláusulas abusivas que tuvieron que soportar en el momento de sus ejecuciones hipotecarias. Cláusulas como la relativa a intereses de demora, al valor de la vivienda a afectos de subasta y al valor de la adjudicación de la misma por la entidad financiera. O, la mas importante, la cláusula que permitía la resolución del contrato por el impago de una única cuota, como es el caso de nuestra compañera Marian».

«Esta cláusula ya ha sido declarada nula por abusiva tanto por el Tribunal de Justicia de la UE como por el Tribunal Supremo, pero fundamentó la ejecución y pérdida de vivienda de miles de familias antes del 2013», señaló Stop Desahucios Euskadi, que instó a las familias que perdieron su casa antes de ese año y siguen debiendo dinero a lo bancos a que se pongan en contacto con las plataformas territoriales para que puedan iniciar acciones legales.

Stop Desahucios Bidasoa

Por otro lado, Stop Desahucios Bidasoa denunció ayer la actitud de la responsable de Atención Primaria del Ayuntamiento de Irun, Mila Holgado. Al parecer, esta quería ofrecer un billete de vuelta a Valencia a una pareja sin recursos que esperaba un bebé y que había sido acogida por las trabajadoras del Punto de Encuentro Social. «Insistimos en que la responsable de Atención Primaria debería ser cesada de sus funciones por lo que tendemos una negligencia profesional grave».