La Hacienda de Bizkaia ha requerido a sindicatos para que le informen de la identidad de trabajadoras y trabajadores que hayan percibido dinero proveniente de la caja de resistencia durante conflictos laborales, las cantidades abonadas y las retenciones practicadas en los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017 por este motivo. Esa iniciativa la desveló ayer eldiarionorte.es, que dio a conocer que el departamento que dirige el jeltzale José María Iruarrizaga había dado un plazo de diez días para que las centrales le aportaran esos datos, advirtiendo de que, en caso de no satisfacer su petición, pueden incurrir en una «infracción tributaria sancionable con una multa».

La caja de resistencia, ese reconocido instrumento de solidaridad en los conflictos laborales, fue determinante en la huelga que mantuvieron las trabajadoras de las residencias concertadas de Bizkaia durante 370 días. ELA mantuvo un duro pulso con el Gobierno foral que preside Unai Rementeria del que salió victoriosa.

La central, ayer mismo lo reiteró, considera que la caja de resistencia «es un instrumento imprescindible para la lucha sindical». Además, subrayó que «no modificará los criterios para que los trabajadores y trabajadoras puedan hacer uso de ella en defensa de sus condiciones laborales y salariales».

A pesar de que la carta de tres páginas de la Hacienda de Bizkaia está fechada el 26 de enero, el secretario general de ELA, Txiki Muñoz, aseguró ayer al ser interpelado al respecto por los medios de comunicación que no habían recibido ese requerimiento, aunque dejó bien claro que no eluden el control.

«Llevamos 38 años cumpliendo los criterios que las haciendas han tenido en relación a lo que es la caja de resistencia de nuestra organización, hemos cumplido los 38 años lo que las normas decían, y la Hacienda de Bizkaia tiene toda la información de pagos, de forma que hemos cumplido el requerimiento que la Hacienda de Bizkaia ha planteado», apuntó Muñoz.

El dirigente sindical señaló, asimismo, que las haciendas vascas «hasta la fecha no habían considerado nunca que el pago de la caja fuera rendimiento de trabajo». «Hasta la fecha de hoy hemos cumplido siempre los criterios establecidos por las haciendas, que nunca han considerado la indemnización de caja como renta de trabajo», reiteró.

Ese planteamiento choca con los argumentos que expone el inspector de Hacienda que rubrica la notificación enviada. «El pago a los trabajadores que hayan participado en una huelga con carga a la denominada ‘caja de resistencia’ constituye un instrumento por el que se garantiza al trabajador una renta que complementa el salario dejado de percibir al encontrarse en suspenso su relación laboral. Los importes recibidos de la caja de resistencia –añade en su argumentación– derivan de forma indirecta del trabajo y de la relación laboral de su perceptor, debiendo, por lo tanto, ser calificados como rendimiento de trabajo personal».

El antecedente de Caballito

El líder de ELA recordó que una situación similar relacionada con su caja de resistencia ya se dio en Araba, durante el conflicto en la multinacional alemana Pferd Ruggeberg, más conocida como Caballito, cuando la Hacienda alavesa entonces controlada por el PP abrió un expediente, ELA presentó alegaciones y se archivó. La caja de resistencia sostuvo económicamente a un centenar de familias durante los dos años y siete días que duró el conflicto laboral.

Interpelado sobre si la iniciativa del departamento que dirige Iruarrizaga podría tratarse de una decisión política o técnica, Muñoz dijo no tener «ni idea». «No conozco los entresijos de la Hacienda foral vizcaina para poder responder con un mínimo de rigor a esta pregunta», confesó. El dirigente sindical avanzó que cuando reciban el supuesto documento y lo analicen ofrecerán más información. No ocultó que de ser cierto, una actuación de esta naturaleza del Gobierno foral buscaría erosionar al modelo sindical que sigue ELA.

Desde la institución que preside Unai Rementeria ni se confirmó ni se desmintió que se hubiese reclamado esta información a las centrales sindicales, tal y como recogía la información de eldiarionorte.es. Fuentes forales indicaron que no podían dar detalles ateniéndose a la «confidencialidad» sobre los datos de los contribuyentes. No trascendió que ninguna otra organización sindical hubiera recibido comunicación alguna de la Hacienda de Bizkaia.

Sí lo confirmó implícitamente CCOO, quien indicó a través de una escueta nota de prensa que el sindicato «está dispuesto a contestar y colaborar» con la Hacienda «en aras a aclarar las obligaciones de retención en el uso de la caja de resistencia o herramientas similares». Antes, aclaró que «no se ha usado ningún mecanismo similar a la caja de resistencia» en el periodo de 2014 a 2017, tal y como se le solicita. «Estamos al corriente y al día de todos los pagos debidos», zanjaron.

La central que lidera Loli García señaló que sus cuentas son «auditadas de forma anual y están a disposición de la institución que las requiera en el uso de sus funciones de inspección y vigilancia». CCOO entiende que «en coherencia con lo que pedimos de las haciendas vascas en cuestión de fiscalidad y de lucha contra el fraude, las organizaciones sindicales hemos de ser ejemplos de transparencia y buen hacer». Además, instaron a que cada organización aclare sus obligaciones con el fisco.

Desde UGT-Euskadi anunciaron que comunicarán a la institución foral que «en este momento» carecen de caja de resistencia «o similares», aunque defendieron su validez como instrumento de lucha.

ELA aboga por la «conflictividad» contra la precariedad

ELA encara la negociación colectiva de 2018 con el objetivo de «recuperar lo perdido en los últimos años». Sus prioridades –así lo anunciaron ayer en rueda de prensa en Bilbo su secretario general, Txiki Muñoz, y el responsable del área, Pello Igeregi– serán acabar con las situaciones de precariedad, alcanzar subidas salariales acordes con el crecimiento de la economía y paliar los efectos de las reformas laborales.

Para alcanzar tales objetivos, en opinión de ELA, es «imprescindible un mayor nivel de conflictividad». Su líder manifestó que su objetivo «prioritario» va a ser «organizar a los trabajadores que están sufriendo la precariedad, para que se defiendan».

Txiki Muñoz denunció que «las reformas laborales españolas han conllevado precariedad, explotación y desigualdad laboral», además de «consolidar un mercado precario y una negociación colectiva más débil». Esa precariedad, aseguró el líder de ELA, es entendida por «la patronal y muchos empresarios» como «un tesoro» ante la que pretende confrontar su sindicalismo reivindicativo.

Muñoz señaló que ese modelo es un «obstáculo y lo quieren quitar de en medio». De ahí que advirtiera al Gobierno Urkullu que «tenga cuidado de no caer en la tentación de dar más a quien más tiene, de dar más poder a quien más tiene, y poner sus instrumentos al servicio del debilitamiento de las organizaciones sindicales que estamos haciendo este trabajo» contra la precariedad. «No nos vamos a cansar, le vamos a decir a la gente que se organice, vamos a reivindicar el papel del conflicto en una sociedad conflictiva», defendió.

El responsable de Negociación Colectiva afirmó que no se trata de un «problema de cobertura» sino que «los instrumentos legales que les han dado a las empresas hoy les permiten que haya convenios que referencia que luego no se cumplen por parte de las empresas y permite a las empresas subcontratar y tirar abajo las condiciones de trabajo firmadas».

Igeregi apostó por incrementar la conflictividad para combatir la creciente precariedad. «Lo que no vamos a hacer es un sindicalismo de bolígrafo, no nos vamos a dedicar a firmar convenios para dar cobertura teórica a los trabajadores si eso no conlleva que se mejoren los índices de precariedad», señaló. A.G.