Todavía hay mucho trabajo por delante, pero del primer intercambio de propuestas que se dio ayer en la Ponencia de Autogobierno se deduce que hay mimbres para que pueda darse un acuerdo mayoritario entre PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos. Permitiría la redacción de un nuevo estatuto que parta del reconocimiento de la existencia sujeto político propio, con derecho a decidir, y que en base a él acuerde un nuevo estatus que establezca un amplio abanico de competencias propias y un mecanismo de garantías para su cumplimiento por parte del Estado, con el que se entable relación de igualdad. El PSE coincide también en la necesidad de fijar y blindar una serie de derechos sociales. Por su parte, el PP no cree necesaria siquiera una reforma estatutaria y augura enormes males si el debate sigue adelante.

Con los documentos presentados ayer por los partidos a la coordinadora de la ponencia, la jeltzale Jone Berriozabal, junto a los servicios jurídicos elaborarán una síntesis de acuerdos y desacuerdos. Con ello, los grupos tratarán de llegar antes de verano a un consenso sobre unas bases con las que después, en otoño, se redactará el texto articulado del nuevo estatus.

El próximo día 21, la ponencia volverá a reunirse para fijar una metodología de trabajo, que incluirá un proceso participativo abierto a la ciudadanía.

Posiciones de los grupos

Las declaraciones tras la reunión estuvieron en buena medida mediatizadas por la posición marcada por el PNV, que se recoge en estas mismas páginas.

La portavoz de EH Bildu, Maddalen Iriarte, aseguró haber salido de la cita con un «optimismo medido». Recordó que en la redacción de su propuesta han actuado con «generosidad» y que está basada en el «principio democrático, el principio de legalidad y el principio de pluralismo», en el que «todos los proyectos sean realizables».

Sobre el texto jeltzale, Iriarte dijo no haber podido analizarlo, pues se lo entregaron al inicio de la reunión. Mostró preocupación porque no recoja la consulta habilitante, aunque le tranquilizaron las explicaciones de Joseba Egibar, y confió en que el PNV no renuncie al derecho a decidir.

Lander Martínez, de Elkarrekin Podemos, definió el encuentro como «un paso adelante», aunque sea «mínimo». Vio renuncias a «posiciones maximalistas», que pueden ayudar a alcanzar acuerdos.

El PSE considera que hay un amplio consenso en la necesidad de actualizar el autogobierno y hacerlo más social. José Antonio Pastor insistió en que esto debe hacerse por los cauces legales y entiende que el PNV se sale de esas vías.

Borja Sémper, del PP, aparentó salir escandalizado de la cita porque PNV y EH Bildu van hacia una autodeterminación camuflada y pidió a Urkullu que pare «este despropósito».

 

El PNV dice proponer un «ejercicio concreto» de ese derecho

Combinando el «principio de legalidad», sustentado en la Disposición Adicional Primera de la Constitución que reconoce los derechos históricos de los territorios forales, y el «principio democrático», que «exige dotar de un valor relevante y primario a la decisión de la ciudadanía vasca», el PNV propone un nuevo estatus que constituye un «ejercicio concreto del derecho a decidir». Su portavoz, Joseba Egibar, dijo que sacaban ese derecho «de la pancarta» o de «debates de futuro» para ejercitarlo de manera efectiva.

El PNV propone definir «un sujeto político» que establecería con el Estado español una «relación bilateral, de respeto y reconocimiento mutuos» y de «naturaleza confederal».

El documento jeltzale contempla cambiar de nombre a ese nuevo sujeto y propone elegir entre «Comunidad Foral Vasca», «Comunidad Nacional Vasca», «Estado Autónomo Vasco» o «Estado foral».

Este sujeto debería asumir de forma efectiva todas las competencias del actual Estatuto todavía no transferidas, recuperar los poderes que la recentralización le ha ido restando y ampliar sus competencias «sobre todos los ámbitos materiales». La propuesta desgrana competencias en materias como la lengua, la cultura, educación, seguridad, empleo público, derecho civil, organización interna y Administración de Justicia. Y también en la titularidad de los recursos naturales de su ámbito territorial, incluido hasta el mar territorial, y de las infraestructuras. También contaría con la «capacidad legislativa plena» en materia de «relaciones laborales y de protección o de seguridad social».

La relación entre este sujeto político y el Estado español –según la propuesta del PNV– «será de respeto mutuo y de no subordinación», y a tal efecto se anudará un sistema de «relación bilateral efectiva sustentado en el acuerdo y el pacto». Se llevaría el modelo de Concierto Económico a un llamado Concierto Político, pero con mayores garantías de que desde el Estado no se pueda modificar de forma unilateral ese nuevo pacto alcanzado.

El PNV sostiene que, con voluntad política, este nuevo estatus puede encajar en la Constitución español a través de la reserva de los derechos históricos recogidos en su Disposición Adicional y también en el Estatuto. Esta reserva de derechos posibilitaría también nuevos saltos futuros hacia la soberanía.I. IRIONDO