El Parlamento de Gasteiz aprobó ayer la creación de una comisión de investigación que tendrá por objeto dictaminar si existen responsabilidades políticas en la adjudicación de los servicios de comedores escolares a ocho empresas de catering que fueron sancionadas por repartirse el mercado durante diez años.

La polémica en torno a la contratación de estos servicios se remonta a febrero de 2016, cuando la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) impuso una sanción de 18 millones de euros a Auzo Lagun, Cocina Central Goñi, Cocina Central Magui, Eurest Colectividades, Eurest Euskadi, Tamar Las Arenas, Gastronomía Cantábrica y Gastro- nomía Vasca por incurrir en una práctica concertada de reparto del mercado desde 2003 hasta 2011, y de 2013 a 2015.

Pese a que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) confirmó la existencia de un pacto que causó un sobrecoste millonario a las arcas públicas, rebajó en un 60% la multa impuesta a las empresas por entender que la falta de «reacción, indagación o consulta» del Ejecutivo autonómico durante los años en los que se dio el reparto del mercado contribuyó a que las compañías implicadas entendieran que «actuaban de una manera asumible de cara al interés público».

Tal como se recoge en la proposición no de ley presentada por Elkarrekin Podemos y PP, el pacto entre las adjudicatarias «no hubiera podido materializarse» sin la «cooperación» de responsables políticos que «han posibilitado estas practicas corruptas con un sistemático, contumaz y continuado derroche, despilfarro y falta de respeto a los recursos públicos, y que, además, han generado unos sobrecostes que han permitido a las empresas obtener extraordinarios e ilícitos beneficios».

El enfado del PNV

La aprobación de la iniciativa, a la que se sumó una enmienda de adición redactada por EH Bildu, estuvo precedida por un tenso debate entre los proponentes y partidos que sustentan al Gobierno de Iñigo Urkullu, que optaron por la abstención.

«Estoy acostumbrándome a la desafortunada teatralización de la vida pública y lo que supone esta Cámara como caja de resonancia, pero este empeño en unir las palabras fraude y Departamento de Educación o Gobierno vasco es inadmisible», señaló el jeltzale David Latxaga, que acusó a los grupos de la oposición de «querer ensuciar la política vasca y ponerla en el nivel de la corrupción que hay en el Estado».

La parlamentaria de EH Bildu Eva López de Arroyabe respondió que los grupos que apoyaron la comisión de investigación no están «ensuciando nada. Lo que estamos intentando es limpiar y creo que el PNV, en este caso, tiene una especie de obsesión de mirar del Ebro hacia abajo». «Miremos hacía dentro, asumamos la comisión de investigación porque es beneficioso para todos y para todas, incluido Gobierno», indicó.

Por su parte, José Ramón Becerra, de Elkarrekin Podemos, señaló que el sobrecoste de los menús ha afectado a miles de familias. «Es a esas familias a las que se les debe esta comisión», manifestó, y advirtió de que la «inacción» de Lakua ha provocado un «enorme agujero patrimonial» que él mismo cifró en 130 millones de euros.

Desde el PP, Juana Bengoechea señaló que la falta de competencia ha supuesto un coste anual de 7 millones de euros, y subrayó que «en cualquier empresa a alguien que hubiera producido un agujero de 7 millones al año lo hubieran puesto de patitas en la calle». «¿No es digno de investigarse qué ha pasado?, ¿qué decisiones erróneas se han tomado?», preguntó.

El portavoz del PSE, José Antonio Pastor, explicó que compete a la AVC depurar responsabilidades, «no nuestra. Pero no obstaculizaremos la puesta en marcha de la comisión».