2018/02/14

El Gobierno ingenia excusas y el PSOE de Rubalcaba calla
I.I.|GASTEIZ
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El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se refugió ayer en el matiz que la condena del Tribunal Europeo de Derechos humanos no condena al Estado español por «tortura», sino por un «tratamiento inhumano y degradante», lo que debe parecerle algo más honorable o menos delictivo. Obvia, además, que tres de los siete magistrados han emitido un voto particular en el que precisamente sostienen que el trato que recibieron Igor Portu y Mattin Sarasola debería haber sido calificado abiertamente como tortura.

La segunda construcción imaginativa del ministro sobre la resolución de la Corte de Estrasburgo consistió en asegurar que esta sentencia demuestra que el sistema de garantías y el sistema de defensa de los derechos «ha funcionado, tanto en el sistema español como en el ámbito del TEDH».

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Rafael Catalá añadió que «me parece que es un fortalecimiento de la esfera de los derechos de todos los ciudadanos, incluso de las personas que han cometido delitos gravísimos, delitos terroristas. También tienen lógicamente la máxima tutela judicial de sus derechos», apuntó.

Frente a lo dicho por el ministro, cabe recordar que la sentencia de Estrasburgo se basa, entre otras cosas, en la mala actuación del Tribunal Supremo.

Por último, Catalá destacó que los 50.000 euros que el Estado español debe pagar en concepto de indemnización a Igor Portu y Mattin Sarasola serán descontados de los pagos a los que a su vez fueron condenados los dos presos vascos.

Rubalcaba era ministro

Cuando se produjo la detención de Igor Portu y Mattin Sarasola, gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, y su ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, no dudó en negar las torturas e incluso en asegurar que los informes forenses avalaban la versión oficial ofrecida por la Guardia Civil. Y lo dijo, además, mientras Portu se encontraba hospitalizado en Donostia. En una de sus habituales frases lapidarias, Rubalcaba aseguró que «la diferencia entre el Estado de Derecho y los terroristas es que la democracia tiene reglas».

Diez años después de las detenciones y de aquellas declaraciones de Rubalcaba, y ante la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, el PSOE no consideró necesario pronunciarse sobre la primera condena por este motivo al Estado español.

El PSE sí que hizo públicas denuncias de pintadas relacionadas con la tortura en dos de sus sedes. También el PNV dio a conocer que había sufrido pintadas en algunos de sus batzokis por el Día contra la Tortura.

 

Sortu y EH Bildu exigen reconocimiento de la verdad y reparación para las víctimas

El secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, calificó de histórica la sentencia del TEDH y sostuvo que viene a confirmar la denuncia que la izquierda abertzale ha mantenido en el tiempo sobre el carácter sistemático de la práctica de la tortura contra el independentismo. Recordó el informe de Paco Etxeberria y denunció que el Gobierno español no quiere que se haga un análisis similar en Nafarroa.

Tras constatar que también el Estado ha empleado la violencia, Sortu asegura que las víctimas de la tortura son víctimas del conflicto, y añade que «no hay normalización política, no hay convivencia posible, sin el reconocimiento ni la reparación de todas las víctimas. Por ello, exigimos el reconocimiento político e institucional de las víctimas de la tortura».

Arkaitz Rodríguez declaró que «a la izquierda abertzale se le ha exigido una revisión crítica de su pasado. Aquí hay mucho que revisar y son muchos los agentes que tienen que realizar una revisión crítica de su pasado». Por ello, les pidió que cambien sus comportamientos negacionistas y encubridores.

Por otra parte, Sortu considera también necesario que, constatada la existencia de malos tratos y torturas, se revisen las sentencias contra presos vascos dictadas por la Audiencia Nacional en base a esta práctica.

EH Bildu anunció que, además de pedir también reconocimiento y reparación para las víctimas, ha solicitado comparecencias del ministro de Justicia en el Congreso y en el Senado. «Es hora de que el Gobierno español deje de hacer como si esta realidad no existiera, reconozca lo ocurrido, repare a estas personas y no haga el avestruz intentándonos hacer ver que es una práctica aislada».

Además, la diputada Marian Beitialarrangoitia denunció el veto de la Mesa del Congreso a la petición de comparecencia, respaldada por varios grupos, de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura para dar cuenta del informe de 2016.GARA

GOBIERNO DE LAKUA


El portavoz del Gobierno de Lakua, Josu Erkoreka, llegó a la rueda de prensa con apuntes para responder a la pregunta esperada. Destacó que esta sentencia del TEDH es distinta a las anteriores y pidió al Ejecutivo español que tome nota para cumplirla y para evitar que se repita.

PODEMOS


La portavoz de Podemos, Irene Montero, confesó sentirse «avergonzada» porque «España sea condenada por incumplir de modo flagrante los derechos humanos». Defendió que «los terroristas cumplan cada día de su pena», añadiendo que eso no implica que sean torturados.

GEROA BAI


Para Geroa Bai, la sentencia confirma una realidad que «partidos como el PP se niegan a aceptar» y muestra que muchas instituciones del Estado no han estado a la altura. Pide «verdad, justicia y reparación» para las víctimas de torturas y ve necesario seguir investigando.

PNV


El PNV afirma que siempre ha defendido la investigación de las torturas, alabA la actuación preventiva de la Ertzaintza y pidE al PP que en lugar de criticar el informe de Lakua asuma responsabilidades y adopte una posición proactiva en defensa de los derechos.