El Parlamento de Gasteiz aprobó ayer una proposición no de ley acordada por EH Bildu, PNV, PSE y Elkarrekin Podemos, en la que defiende el autogobierno y denuncia que el Gobierno español recurra sistemáticamente ante el Tribunal Constitucional las leyes aprobadas en la Cámara exigiendo su suspensión.

Todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, consideran que «dicha actuación constituye una injerencia» en sus facultades, por lo que instan al Ejecutivo de Mariano Rajoy «a respetar las decisiones que en el ejercicio de las funciones que tienen atribuidas adopten este Parlamento y el Gobierno Vasco».

La iniciativa partió de la parlamentaria de EH Bildu Jone Goirizelaia tras los últimos recursos del Gobierno español que han supuesto la suspensión de partes sustanciales o de la totalidad de leyes aprobadas por el Parlamento de Gasteiz como la de vivienda, la del fracking y la de reparación a las víctimas de la violencia del Estado. Además, han sido constantes la invasiones de competencia a través de leyes o decretos aprobados en Madrid.

«Respetar las decisiones»

El Parlamento de Gasteiz defiende el autogobierno «como el derecho, la capacidad y la voluntad que históricamente tiene y manifiesta la ciudadanía vasca para que las decisiones que afectan a su vida no se tomen prescindiendo de su voluntad, y como la garantía de la protección del bienestar y del progreso de la ciudadanía a la que representa».

Por ello, denuncia que el Gobierno de España, «desde una posición recentralizadora», «recurra sistemáticamente» ante el TC las leyes aprobadas en la Cámara autonómica, provocando su suspensión. Y «considera que dicha actuación constituye una injerencia en las facultades del Parlamento».

La Cámara de Gasteiz «insta al Gobierno español» a «agotar las vías de acuerdo» para dirimir posibles diferencias en materia competencial, «desistir de promover legislación básica» que erosiona «nuestro autogobierno» y «respetar las decisiones que, en el ejercicio de las funciones que tienen atribuidas, adopten este Parlamento y el Gobierno Vasco».

En su último punto, la Cámara «insta al Gobierno del Estado español a articular mecanismos que permitan garantizar una composición del Tribunal Constitucional plural y equilibrada ideológica y territorialmente»

Distintos puntos de partida

Al acuerdo alcanzado ayer entre EH Bildu, PNV, PSE y Elkarrekin Podemos, se llegó desde distintos puntos de partida y con distintos objetivos, desde el autonomismo al independentismo.

Jone Goirizelaia explicó que su propuesta se había hecho desde el marco jurídico actual, pero que la aspiración de su grupo era superarlo y alcanzar otro de soberanía.

Sin embargo, José Antonio Pastor, del PSE, dijo entender lo aprobado como la constatación de la validez del Estatuto, «tras haber tenido que sufrir durante tantos lustros el intento de desprestigio de lo que aquí se hacía, el intento de derribar lo que íbamos construyendo, el intento de aniquilar incluso física y políticamente a quienes ocupaban estos escaños por el hecho de hacerlo». El PSE culpó al PP de estar poniendo en cuestión ese marco a través del uso abusivo de los mecanismos del Estado.

El PNV se situó a medio camino. Subrayó la importancia de que EH Bildu hubiera hecho la propuesta inicial –«bienvenidos al marco jurídico», dijo Joseba Zorrilla– pero se mostró mucho más crítico que su socio del PSE con cómo había evolucionado ese mismo marco desde hace cuarenta años.

Lander Martínez, de Elkarrekin Podemos, se felicitó por el acuerdo alcanzado, aunque no dudó en lanzar sus dardos contra quienes ahora se quejan de lo que está haciendo el PP, pero no dudan en pactar con este partido, sabiendo perfectamente lo que están haciendo desde hace muchos años.

Javier Ruiz de Arbulo, del PP, defendió la actuación del Gobierno español, el marco constitucional y el sistema de elección del TC. Los nueve parlamentarios de su grupo volvieron a quedarse solos con estas ideas, aunque satisfechos por ello.

En el turno de réplica, Jone Goirizelaia le recordó al parlamentario del PP las disfunciones que se dan en el sistema jurídico español, esgrimiendo para ello, como último ejemplo, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que deja en mal lugar al Supremo.