Ayer se cumplieron cuatro meses desde que los presidentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, fueron enviados a prisión por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. Un encarcelamiento que posteriormente confirmó el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena y que ayer fue denunciado, como el día 16 de cada mes, por miles de catalanes, que salieron a la calle siguiendo la llamada de las dos principales entidades soberanistas.

La convocatoria de ayer, sin embargo, vino aderezada por las amenazas contra el modelo educativo de inmersión lingüística. Lanzada como globo sonda el jueves por el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, el portavoz del Gobierno español, Iñigo Méndez de Vigo, confirmó ayer la amenaza de cambiar el modelo educativo catalán al amparo del artículo 155 de la Constitución. El primer paso se podría dar este mismo mes de marzo, dando a padres y madres la posibilidad de matricular a sus hijos en líneas con el castellano como lengua vehicular.

«Esta es una medida para favorecer la libertad y nada más», aseguró Méndez de Vigo, que en plena pugna con Ciudadanos en el seno de la derecha española quiso subrayar que «esto no es un globo sonda». El anuncio produjo una crítica transversal en Catalunya y en buena parte del Estado. De hecho, hasta el PSOE rechazó aprovechar el 155 para cargarse un modelo educativo que garantiza que la mayoría de jóvenes acabe el ciclo obligatorio dominando el castellano y el catalán.

La amenaza contra un sistema que goza de un gran consenso social en Catalunya marcó también los discursos políticos que los vicepresidentes de la ANC y de Òmnium, Agustí Alcoberro y Marcel Mauri, respectivamente, realizaron al término de la manifestación celebrada al atardecer, a la que llegaron directos desde Bilbo.

«No nos dividirán por razones de lengua u origen; seguiremos decidiendo el futuro de nuestro país», apuntó Mauri, que pidió «unidad» a las formaciones políticas independentistas y añadió que «si el franquismo no consiguió dividir la sociedad catalana y acabar con la lengua, mucho menos lo conseguirán ahora».

«No nos perdonan, ni nos perdonarán nunca, la victoria del 1-O», consideró por su parte Alcoberro, que habló al acabar una manifestación que, con proclamas a favor de la libertad de los presos políticos y en defensa de la escuela catalana, recorrió Barcelona desde la plaza Sant Jaume hasta la cárcel de la Modelo.

La CUP renueva su secretariado nacional ante la nueva etapa

La CUP dio ayer a conocer los resultados de la votación interna realizada esta semana para elegir a un nuevo secretariado tras la renuncia del equipo que afrontó el camino hasta el referéndum del 1 de octubre. El resultado es una dirección diversa en la que militantes de las dos grandes familias de la formación se verán obligados a entenderse y llegar a consensos.

El secretariado nacional de la CUP está formado por 15 miembros que se eligen a través de una fórmula mixta. Cuatro de ellos se eligen de forma individual entre los candidatos que se presentan en solitario. Los otros once puestos se juegan entre candidaturas colectivas. Si una de ellas logra el 60% de los apoyos, se hace con los 11 puestos, pero si no, se reparten. Es lo que ha ocurrido en esta ocasión.

Concurrían dos listas, una más o menos cercana a Endavant y otra a Poble Lliure. Ganó la primera, con nombres como los de las exdiputadas Eulàlia Reguant, Mireia Vehí y Joan Garriga, pero con un 56,35% de los votos, por lo que se queda con seis puestos de los 11 en juego. Los otros cinco serán para la lista formada, entre otros, por Núria Alcaraz y el exdiputado Albert Botran.

Por último, los cuatro puestos de asignación individual serán ocupados finalmente por la exdiputada, de Poble Lliure, Mireia Boya (662 votos), el concejal en Girona Lluc Salellas (583 votos), Albert Serrats (416 votos) e Iñigo Robredo (375 votos).GARA