La organización ecologista Eguzki solicitó ayer al alcalde de Donostia, Eneko Goia, que «cumpla su palabra» en referencia a la consulta ciudadana sobre las corridas de toros.

La plataforma Donostia Antitaurina Orain! presentó en 2016 10.000 firmas «debidamente autentificadas» en el Ayuntamiento «solicitando una consulta ciudadana sobre si las instalaciones municipales de Illumbe se debían destinar o no a espectáculos que implicasen el maltrato animal, como las corridas de toros». Goia «tomó el guante, al menos en apariencia», y se comprometió a realizar la consulta. Incluso, puso fecha para el 19 de febrero de 2017. El lunes se cumple un año desde la fecha estipulada y, a día de hoy, no se ha hecho consulta alguna. «Goia sigue sin cumplir su palabra, probablemente porque cuando se comprometió no esperaba que la posición de los y las donostiarras fuera tan manifiestamente contraria a la matanza», manifestó Eguzki refiriéndose a la Encuesta de Percepción Ciudadana de setiembre pasado.

La misma, encargada por el propio Ayuntamiento, revela que «el 71% de la ciudadanía es expresamente contraria a la cesión de las instalaciones municipales para matar toros».

Por respeto a los ciudadanos

Según indicó Eguzki, el PP «en cuanto vio que la consulta tenía visos de llegar a buen puerto, puso en marcha toda su maquinaria para impedirla». Primero recurrió el Reglamento Municipal de Consultas, que había sido aprobado por unanimidad y hasta con los votos de su partido, y después la consulta fue prohibida por el Consejo de Ministros.

Ante este «golpe de estado a la autonomía municipal y el derecho a decidir de los donostiarras», Goia declaró en febrero del año pasado que estudiaría «otras vías para que los ciudadanos puedan manifestar su opinión». Según la organización ecologista, estas vías existen, pero no quieren ser utilizadas. A su vez, asegura que una sentencia del TSJPV reconoce expresamente al Ayuntamiento la capacidad plena para decidir qué tipo de actividades puede realizar en Illumbe.

«A Goia ya no le queda burladero jurídico tras el que parapetarse», subrayó la plataforma. A su vez, interpeló de nuevo al alcalde para decirle que «por respeto a las 10.000 personas que, cumpliendo escrupulosamente los requisitos establecidos por el propio Ayuntamiento, se ganaron el derecho a ser consultadas, y por respeto a la palabra dada, Goia debe arbitrar alguna forma para testar la opinión de los y las donostiarras, y además debe hacerlo cuanto antes», sostuvo.