El Senado brasile&bs;ño respaldó por 55 votos a favor, 13 en contra y una abstención el decreto emitido el viernes pasado por el presidente, Michel Temer, para militarizar la seguridad del estado de Rio de Janeiro después de que el propio gobernador admitiera que las fuerzas de seguridad bajo su autoridad se habían visto desbordadas por la violencia durante el carnaval. El martes la medida ya fue aprobada por la Cámara de Diputados.

«Cuando vemos a delincuentes asaltando un puesto callejero con un fusil nos damos cuenta de la gravedad de la situación. La población vive asustada y con miedo», argumentó el senador Eduardo Lopes, autor del informe que recomendó la intervención militar y electo del PRB, al que pertenece el alcalde evangélico de Río, Marcelo Crivella.

La oposición liderada por el PT intentó bloquear la iniciativa, pero quedó muy lejos de sus intenciones.

La intervención, inédita desde la dictadura militar, retira al gobernador el control de todas las fuerzas de seguridad y las pone en manos de un general del ejército, que informará de forma directa al presidente Temer.

El gobierno ha dado muy pocos detalles acerca de una operación que incomoda incluso al ejército, que tendrá que lidiar con el espinoso problema de la corrupción policial.

Criticada por especialistas que la tildan de efectista, la medida también fue cuestionada por fiscales de la República, como Deltan Dallagnol, a cargo de investigaciones de la operación Lava Jato, quien rechaza los allanamientos colectivos que el gobierno espera realizar en las favelas. «El Código de Proceso Penal no autoriza la expedición de mandatos de búsqueda colectivos o genéricos. Al contrario, exige la mayor precisión posible en las viviendas a ser requisadas», señaló Dallagnol.

Subrayó que «si caben las búsquedas y aprehensiones en las favelas de Río, caben también en los gabinetes del Congreso», donde decenas de legisladores sospechosos de corrupción se hallan protegidos por la inmunidad parlamentaria.