Constatada la anunciada ausencia de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel a la cita en el Tribunal Supremo, el juez que instruye la macrocausa contra el independentismo catalán, Pablo Llarena, debía decidir ayer si, tal y como le pedía la Fiscalía, cursaba la orden de arresto internacional necesaria para poner en marcha el mecanismo de extradición o si, por el contrario, dejaba pasar el asunto. Optó por el camino del medio y emitió una orden de detención contra Gabriel limitada solo al territorio del Estado. De este modo, la exdiputada queda en Suiza igual que Puigdemont y los consellers exiliados en Bélgica, con total libertad de movimiento.

Igual que con los miembros del Govern en Bruselas, Llarena se opuso así a la petición formulada por la Fiscalía y por el propio ministro español de Justicia, Rafael Catalá, que antes de conocer la decisión de Llarena consideró que no habría «dificultades» para que Suiza extraditase a Gabriel si el magistrado español así lo solicitaba. «No se me ocurre qué podría suceder para que las autoridades suizas no concediesen la extradición a una persona investigada por el Supremo», fueron las palabras de Catalá.

Pero lo cierto es que es muy fácil anticipar algunas de estas dificultades negadas por el ministro. De hecho, los avisos llegaron ayer desde el propio Departamento de Justicia del país helvético. Su portavoz, Folco Galli, consideró en declaraciones a la agencia Efe que el caso de Gabriel se enmarca «a priori» en un asunto de delitos políticos sin base jurídica en Suiza, lo que imposibilitaría la extradición.

Aunque Galli explicó que, si llega, la petición de la Justicia española «debería ser analizada con precisión», dejó muy claro el punto de partida: «En virtud de la base jurídica que rige la colaboración de asistencia legal entre Suiza y España, Suiza no autoriza, como la mayoría de los demás Estados, ninguna extradición ni tampoco ninguna otra forma de ayuda jurídica por delitos políticos».

Sobre el caso concreto de Gabriel, añadió que «según las informaciones de medios de comunicación, a priori se trataría de delitos políticos de los que se acusa a la política catalana», algo que implicaría, según Galli, que «Suiza no tramitaría una eventual solicitud de extradición ni tampoco una petición de asistencia judicial». Las declaraciones de un portavoz ministerial no implican, evidentemente, que los tribunales suizos rechazarían automáticamente la extradición, pero si anticipan algunos de los problemas que la Justicia española se encontraría a lo largo del proceso.

Las simpatías de Suiza

Igual que Bélgica en el caso de Puigdemont y el resto de consellers, la decisión de Gabriel de exiliarse en Suiza no tiene nada de casualidad. A las posibilidades reales que el país alpino ofrece a la exdiputada para plantar cara a una hipotética petición de extradición que podría llegar más adelante se suman las simpatías que el proceso catalán ha generado en algunos sectores políticos suizos.

No hay que olvidar, por ejemplo, que el 6 de octubre, con la histórica jornada del 1-O todavía a flor de piel, el Ministerio suizo de Exteriores se ofreció de forma oficial a mediar entre los gobiernos catalán y español. «La facilitación solo se puede dar si ambas partes lo piden. Suiza está en contacto con ambas partes, pero las condiciones para la facilitación aún no están en marcha», relató aquel día un portavoz del Gobierno suizo a la televisión pública. La iniciativa helvética era una respuesta a la petición lanzada a los cuatro vientos por Puigdemont para que la comunidad internacional se implicase en la búsqueda de una salida negociada al conflicto. Pero lo cierto es que el Estado español no solo rechazó el diálogo, sino que negó tener conocimiento de ninguna iniciativa suiza en este sentido.

Mas dice que todos sabían que la DUI «no tenía recorrido»

«Todos los actores que la impulsaron sabían que no tendría recorrido real». Un día después de declarar ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, el expresident Artur Mas se sumó ayer a las críticas a las decisiones tomadas por el independentismo durante el mes de octubre, en especial a la proclamación de la República del 27 de octubre. Una declaración a la que, como ya era bien conocido, Mas se opuso.

En una entrevista radiofónica en Rac1, Artur Mas desgranó las dos alternativas que propuso: o la convocatoria anticipada de elecciones o tratar de explotar el éxito del 1-O durante meses, intentando minar la imagen del Estado español en la esfera internacional. Preguntado sobre si la DUI fue un engaño a la ciudadanía, el expresidente contestó lo siguiente: «En el mundo de la política hay un componente simbólico y estético, y muchas veces un argumento se hincha o exagera para quedar lo mejor posible. ¿Esto es un engaño? Puede llegar a ser un engaño». GARA